Jueza electoral Dra. Mariel Zanini
- Convocatoria inicial: El gobernador Gustavo Melella había fijado elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto de 2026 mediante el Decreto Provincial N.º 751/26.
- Derogación legislativa: El 1 de mayo, la Legislatura votó por mayoría la derogación de la Ley 1529, que habilitaba la reforma parcial de la Constitución.
- Intervención judicial: La jueza Zanini, a cargo del Juzgado Electoral, frenó la publicación del cronograma oficial, argumentando que la situación jurídica es incierta y que no puede avanzar sin definiciones claras.
- Postura judicial: La suspensión busca evitar que se generen derechos políticos (candidaturas, alianzas, campañas) sobre un proceso cuya base legal está cuestionada.
- Visión del Ejecutivo: El secretario legal Emiliano Fossatto sostiene que la derogación no afecta el proceso electoral ya iniciado y que el cronograma debería definirse igualmente.
- Críticas políticas: Legisladores como Raúl Von der Thusen remarcan que es “forzado suspender algo que está en marcha”, aunque reconocen la necesidad de resolver rápidamente la incertidumbre.
| Actor | Postura | Consecuencia |
|---|---|---|
| Jueza Zanini | Suspende cronograma por falta de certeza legal | Genera inestabilidad e incertidumbre electoral |
| Gobierno de Melella | Defiende continuidad del proceso y prepara veto a la derogación | Busca blindar convocatoria del 9 de agosto |
| Legislatura (mayoría) | Derogó la Ley 1529 | Intenta frenar reforma y cuestiona gasto en contexto de crisis |
| Oposición política (PJ, Vuoto) | Rechaza reforma por inoportuna | Reclama priorizar problemas económicos y sociales |
- Inseguridad institucional: La suspensión del cronograma deja a Tierra del Fuego en un escenario de indefinición, con riesgo de judicialización en instancias superiores.
- Derechos políticos en suspenso: Partidos y candidatos no pueden avanzar en alianzas ni listas, lo que frena la dinámica electoral.
- Crisis de legitimidad: El choque entre poderes (Ejecutivo, Legislativo y Justicia) erosiona la confianza ciudadana y profundiza la percepción de inestabilidad.
