El Gobierno dio un nuevo paso en su estrategia de reducción de subsidios energéticos. Este miércoles, el oficialismo y bloques aliados avanzaron en la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y restringe significativamente el universo de usuarios alcanzados por el beneficio sobre las tarifas de gas natural.
La intención del bloque de La Libertad Avanza es llevar la iniciativa al recinto durante la sesión prevista para el próximo 20 de mayo.
El texto plantea volver a un esquema más acotado, concentrado principalmente en regiones de bajas temperaturas extremas, y dejar sin efecto gran parte de la ampliación aprobada en 2021.
La ampliación sancionada en 2021 llevó la cantidad de beneficiarios desde unos 950.000 hogares hasta aproximadamente 4 millones de usuarios residenciales conectados a la red de gas.
De prosperar la propuesta, el régimen quedará limitado a la Patagonia, la región de la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
En consecuencia, dejarían de recibir el subsidio millones de usuarios incorporados durante la reforma impulsada hace cuatro años, especialmente en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.
Cambios en el esquema de subsidios
La ampliación sancionada en 2021 había modificado los criterios históricos del régimen utilizando parámetros bioambientales para extender la cobertura. Esa reforma llevó la cantidad de beneficiarios desde unos 950.000 hogares hasta aproximadamente 4 millones de usuarios residenciales conectados a la red de gas.
El nuevo proyecto propone revertir buena parte de esa expansión y focalizar la asistencia exclusivamente en sectores vulnerables.
Según el texto, en aquellas regiones que perderán la cobertura ampliada solo conservarán el beneficio los usuarios incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
El padrón contempla hogares con ingresos equivalentes a hasta tres Canastas Básicas Totales, titulares de Certificados de Vivienda Familiar y beneficiarios de pensiones vitalicias para veteranos de guerra.
Desde el oficialismo sostienen que el actual esquema resulta financieramente inviable. Argumentan que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, financiado mediante una alícuota del 7,5% aplicada sobre el precio del gas natural, ya no alcanza para cubrir el volumen de subsidios vigente.
La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió el proyecto durante su exposición ante la comisión legislativa y aseguró que la intención del Ejecutivo es profundizar la focalización del gasto público.
“Los recursos son escasos y que la forma justa de utilizarlos es destinarlos exclusivamente a la gente que más lo necesita”, sostuvo la funcionaria.
Además, remarcó: “No le estamos sacando ningún subsidio a la gente que lo necesita. Pero en el resto del país estamos focalizando lo que se recauda con la alícuota del 7,5% en los usuarios que más lo necesitan. Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague. Y focalizar en los que más necesitan”.
Los lugares que quedan afuera del régimen de zona fría
El proyecto contempla la exclusión de numerosos departamentos incorporados en la ampliación de 2021.
Entre las provincias más afectadas aparece Buenos Aires, con 55 departamentos que dejarían de formar parte del régimen.
También quedarían excluidas zonas de Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, La Pampa, Salta, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán.
La redefinición del esquema podría tener impacto directo sobre millones de usuarios residenciales que actualmente reciben descuentos en sus facturas de gas natural, especialmente en áreas urbanas y suburbanas del centro del país.
El debate promete generar fuerte discusión política debido a que el régimen ampliado había sido presentado originalmente como una herramienta para compensar condiciones climáticas y desigualdades energéticas en distintas regiones.
Regularización de deudas con CAMMESA
El proyecto impulsado por el oficialismo también incorpora un capítulo orientado a regularizar las deudas acumuladas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
La iniciativa habilita a la subsecretaría de Energía Eléctrica y a CAMMESA a aplicar créditos regulatorios para cancelar obligaciones de distribuidoras eléctricas que acepten acuerdos de regularización y renuncien a litigios judiciales o administrativos contra el Estado nacional.
La discusión involucra principalmente a Edenor y Edesur, que reclaman ingresos no percibidos durante los años de congelamiento tarifario. Según cifras mencionadas durante el debate legislativo, Edenor sostiene reclamos por unos US$2000 millones y Edesur por alrededor de US$1100 millones.
Al mismo tiempo, ambas compañías mantienen deudas con CAMMESA cercanas a los US$1100 millones.
“Lo que proponemos es evaluar cuáles son los ingresos que las empresas no percibieron y en caso de que esos activos regulatorios superen la deuda con CAMMESA, se les condonaría la deuda. Pero van a tener que renunciar a hacerles nuevos reclamos judiciales al Estados Nacionales”, explicó Tettamanti.
Renovables y cambios en hidrocarburos
La iniciativa también avanza sobre otros instrumentos energéticos vigentes. Entre ellos, elimina regímenes de promoción hidrocarburífera que otorgaban beneficios vinculados al acceso a divisas para producción incremental de petróleo y gas.
Además, deroga el régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas sancionado en 2013.
En paralelo, el proyecto prorroga hasta diciembre de 2045 la exención de gravámenes prevista para proyectos de energías renovables contemplados en la legislación de promoción de fuentes limpias.
El beneficio alcanza a desarrollos eólicos, solares, hidráulicos, geotérmicos, mareomotrices, de biomasa y aprovechamiento de gases de vertedero, entre otras tecnologías orientadas a diversificar la matriz energética argentina.
Fuente: Cronista
