Solorza denuncia que se está “mercantilizando un derecho humano” como el acceso universal a la energía, y critica tanto al gobierno nacional como al provincial por aplicar medidas “de planilla Excel” sin considerar el impacto social. Se mencionan casos extremos de vecinos que pagan más de un millón de pesos mensuales en gas, y la falta de producción local de GLP que obliga a importar desde Bahía Blanca o Neuquén, con costos de 24 mil millones de pesos anuales.
Además, se cuestiona la salida de YPF y la entrada de empresas como Belitec y Terra Ignis, acusadas de falta de experiencia y transparencia, dejando trabajadores despedidos y pasivos ambientales sin control. Se reclama mayor acción de la Legislatura, Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas, y se advierte que la provincia corre el riesgo de repetir errores históricos en materia energética.
En síntesis, la nota refleja un escenario de crisis donde las decisiones políticas, la falta de control institucional y la presión de las corporaciones energéticas ponen en jaque el acceso justo a la energía en Tierra del Fuego.
