Los especialistas en el tema sostienen que el decreto 252/2026, hasta podría ser declarado inconstitucional, porque, ya se comprobó que afecta la competitividad y obliga a las empresas a soportar el peso del flete a las empresas instaladas en la Isla de Tierra del Fuego, ademas de crear desventajas comparativas en los costos.
Aquí enumeramos las repercusiones, la postura del gobierno nacional, de los gremios, economistas y las medidas judiciales que, podría llevar adelante el gobierno provincial.
Es un error minimizar los efectos de esta norma, en todo sentido, y los resultados de esa actitud no tardaran en dar a conocer los efectos, tal y como paso con la Separata de 2022, la quita de aranceles a lo stelefonos celulares, la extensión del subregimen que eliminó la industria textil y que ni siquiera se habían tomado el trabajo de leer antes de aplaudir la medida nacional.
Repercusiones Principales del Decreto 252/2026:
- Pérdida de Competitividad Fueguina: La «nacionalización» de las ventajas aduaneras elimina la ventaja comparativa exclusiva de la Ley 19.640, según advierten sectores industriales.
- Riesgo de Relocalización Industrial: Empresas, especialmente exportadoras, evalúan trasladar su producción de Tierra del Fuego al territorio continental (cerca de Buenos Aires) para reducir costos logísticos.
- Ampliación del RAF: El régimen facilita la importación de insumos y maquinaria sin aranceles para la fabricación nacional en todo el país, similar al modelo de terminales automotrices.
- Impacto Laboral y Debate Político: Sectores de la industria local advierten sobre un impacto negativo indirecto y posible pérdida de empleo, mientras otros sectores políticos desestiman riesgos inmediatos.
- No afecta la ley 19.640 directamente: Si bien se sostiene que el régimen fueguino (Ley 19.640) sigue vigente, el contexto de producción cambia al equiparar costos con el resto del país.
Quienes minimizan el impacto o defienden la medida suelen apoyarse en los siguientes argumentos técnicos y políticos:
La visión de «Nacionalización de Beneficios»
El argumento principal del Gobierno Nacional es que no se está quitando nada a Tierra del Fuego, sino que se está extendiendo una herramienta eficiente (el RAF) al resto de las provincias. Desde esta óptica, no ven el decreto como un ataque a la isla, sino como el fin de un «privilegio geográfico» en favor de una competitividad general. Argumentan que si una empresa es más eficiente en Córdoba o Buenos Aires, el Estado no debería «forzarla» a estar en el sur mediante trabas al resto.
El factor del costo logístico
Quienes minimizan el efecto sostienen que el RAF solo elimina aranceles de importación, pero que Tierra del Fuego sigue teniendo la exención del IVA y Ganancias (Ley 19.640), algo que el Decreto 252 no otorga al continente. Para el oficialismo, este «colchón impositivo» debería ser suficiente para compensar la distancia, ignorando a menudo que el costo de fletes y puertos en la isla es altísimo.
El enfoque en la «Eficiencia Industrial»
Hay una corriente económica que influye en estas decisiones y que considera que el régimen industrial fueguino es un «ensamblado» caro para el consumidor final. Al facilitar que las empresas operen en el continente, buscan que los productos lleguen más baratos al mercado interno. En este esquema, la relocalización de empresas no se ve como una tragedia provincial, sino como una «corrección del mercado» hacia zonas más productivas.
Estrategia Política y Judicial
Minimizar el impacto también sirve para:
- Desactivar conflictos legales: Si el Gobierno admite que el decreto vulnera la competitividad de una ley nacional (la 19.640), abre la puerta a amparos judiciales por parte de la provincia.
- Discurso de «Igualdad»: Políticamente, es más fácil vender la idea de que «ahora todo el país puede producir igual» que admitir que se está desprotegiendo una zona estratégica por su soberanía.
En resumen: Se minimiza porque, desde la lógica del decreto, el objetivo es el beneficio del consumidor y la industria nacional global, poniendo el desarrollo regional de Tierra del Fuego en un segundo plano de prioridades frente a la apertura económica.
Aquí te detallamos los antecedentes de frenos judiciales y qué puntos de la 19.640 están hoy en la «zona de peligro»:
1. Antecedentes: Cuando la Justicia frenó a Nación
El precedente más fuerte es la resistencia ante intentos de quitar beneficios por decreto. Históricamente, la Justicia Federal de Río Grande ha fallado a favor de la provincia basándose en el principio de progresividad y la naturaleza de promoción económica de la isla:
- Frenos a la apertura de importaciones (década del 90 y 2017): En varias oportunidades, cuando Nación intentó igualar aranceles para productos electrónicos importados o facilitar su ingreso, amparos presentados por cámaras empresariales (como AFARTE) o el propio Estado provincial lograron medidas cautelares.
- El argumento de la «Soberanía»: Los jueces suelen fallar recordando que la Ley 19.640 no es solo económica, sino geopolítica. El argumento es: «Si quitás el beneficio, la gente se va; si la gente se va, perdemos soberanía sobre el territorio». Este es el escudo legal más potente que tiene la isla.
2. Puntos de la Ley 19.640 en riesgo (por el Decreto 252)
Aunque el decreto no borra la ley, la «vacía» en la práctica al igualar condiciones con el continente. Los puntos que pierden sentido son:
- La exclusividad aduanera: El corazón de la 19.640 es que la isla es un «Área Aduanera Especial». Si el Decreto 252 permite que una fábrica en Buenos Aires importe insumos sin pagar aranceles (vía RAF nacional), la isla pierde su única ventaja frente a la cercanía de los puertos y los centros de consumo.
- Compensación por lejanía: La ley existe para compensar que producir en el sur es carísimo. Al «nacionalizar» el beneficio de arancel cero para insumos, el Estado Nacional elimina el incentivo que obligaba a las empresas a soportar el costo del flete hasta Ushuaia o Río Grande.
3. El próximo paso legal
Lo que se espera en las próximas semanas es la presentación de una Acción de Declaración de Certeza o un Amparo. La provincia buscará que la justicia declare que el Decreto 252 es inconstitucional porque altera de forma indirecta un régimen que fue creado por una Ley del Congreso, violando la jerarquía de las normas.
A la fecha, no se ha oficializado la presentación de un recurso de amparo específico contra el Decreto 252/2026 por parte de las cámaras industriales o gremios, pero el escenario es de alerta máxima y preparativos legales.
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La situación actual se resume en los siguientes puntos clave:
- Evaluación de Daños: La Secretaría de Industria de Tierra del Fuego, junto a cámaras como AFARTE (terminales electrónicas), CAFIN y la UIF (Unión Industrial Fueguina), se encuentran en sesiones permanentes para medir el alcance técnico del decreto. El objetivo es documentar cómo la extensión del Régimen de Aduana en Factoría (RAF) al continente anula la ventaja competitiva de la isla.
- Postura de los Gremios: Organizaciones como la UOM (metalúrgicos) y ASIMRA han manifestado su profunda preocupación, vinculando el decreto con la reciente inestabilidad laboral y despidos en las plantas locales. Se espera que cualquier acción judicial gremial se coordine con la estrategia del Gobierno Provincial.
- Plazo Crítico: El decreto entrará en vigencia el 17 de junio de 2026. Legalmente, este es el horizonte que tienen las cámaras y el Estado provincial para presentar medidas cautelares que suspendan su aplicación antes de que el daño económico sea efectivo.
- Estrategia de «Bajar la Alarma»: Desde el Gobierno Provincial se ha pedido cautela mientras los equipos legales analizan si hay una afectación directa a la Ley 19.640. Esta moderación inicial suele ser el paso previo a una demanda robusta, evitando fallos adversos por falta de sustento técnico.
Antecedentes legales que la provincia llevó adelante antes de este decreto:
Existen varias vías legales y reclamos activos ante la entrada en vigencia del Decreto 252/2026 el próximo 17 de junio, aunque la postura del gobierno provincial es actualmente cautelosa.
Acciones y Posturas Legales Actuales
- Análisis Técnico y Jurídico: El Gobierno de Tierra del Fuego, a través de sus equipos técnicos del Ministerio de Economía, se encuentra analizando las «consecuencias negativas directas» que podría tener la medida. Aunque oficialmente han pedido «bajar el nivel de alarma», mantienen bajo estudio si el decreto vulnera el espíritu de la Ley 19.640.
- Vía del Amparo Judicial: Diversos sectores políticos y gremiales de la isla consideran el decreto como un «golpe directo» que elimina el diferencial competitivo. En conflictos previos de naturaleza similar, la provincia ha recurrido a la Justicia Federal para frenar medidas que afecten la soberanía o el desarrollo industrial local.
- Reclamos Municipales y Legislativos: Concejales y legisladores locales han calificado de «imprudente» minimizar los efectos del decreto, especialmente frente a la ola de despidos actual. Se exige mayor transparencia y una defensa más férrea de los beneficios exclusivos que garantizan el arraigo en la isla.
Si la provincia decide avanzar judicialmente, los argumentos centrales serían:
- Vulneración de la Ley 19.640: Se argumentaría que, aunque el decreto no deroga la ley, su aplicación práctica vacía de contenido los beneficios aduaneros exclusivos que la ley otorga para compensar la lejanía.
- Desigualdad Competitiva: La relocalización de empresas hacia el continente por menores costos logísticos (manteniendo ahora beneficios similares al RAF) se presentaría como una prueba del daño económico irreparable para la jurisdicción.
El fiscal de estado esta obligado a actuar ante esta situación.
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El Fiscal de Estado de Tierra del Fuego no solo puede, sino que está obligado a actuar si considera que el patrimonio provincial o la legalidad de las normas están en riesgo. Su rol es ser el «guardián» de los intereses de la provincia frente a actos que vulneren su autonomía o sus leyes fundamentales, como la Ley 19.640.
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Aquí te detallamos qué debería hacer y bajo qué facultades:1. Evaluar e impugnar por inconstitucionalidad
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El Fiscal tiene la potestad de accionar judicialmente contra leyes o decretos nacionales (como el 252/2026) que contradigan la Constitución Nacional o afecten directamente los intereses provinciales.
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Tribunal de Cuentas, Provincia de Tierra del Fuego
- Vía Directa: Puede interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal si detecta que el Poder Ejecutivo Nacional se está extralimitando en sus funciones al modificar de facto el régimen de promoción industrial, el cual debería ser potestad exclusiva del Congreso.
Defensa del Patrimonio Provincial -
- Menor recaudación provincial (ingresos brutos, tasas locales).
- Desinversión y pérdida de puestos de trabajo.
El Fiscal puede argumentar que el decreto genera un daño económico tangible a las arcas y al desarrollo de la provincia. - Según la Ley Provincial N° 3, la Fiscalía tiene a su cargo la defensa del patrimonio del fisco. Dado que el Decreto 252/2026 podría provocar una pérdida de competitividad que derive en:
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3. Representación Judicial Exclusiva
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El Fiscal de Estado ejerce la representación judicial de la provincia de forma exclusiva y excluyente. Esto significa que, aunque el Gobernador o los ministros den su opinión política, el Fiscal es quien debe llevar la «voz legal» a los tribunales para frenar cualquier medida que «vacíe» de beneficios a la isla.Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) +14. Control de Legalidad
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Debe verificar si el decreto nacional respeta el principio de progresividad y si no constituye una «sustracción de competencias» propias de la provincia en materia de fomento industrial. Si el decreto iguala las condiciones del continente con las de la isla, el Fiscal puede reclamar que se está violando el derecho a un diferencial compensatorio por la condición de insularidad y lejanía.
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Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
