La concentración fue encabezada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y el titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, intendente de La Matanza.
También estuvieron presentes la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, el ministro Carlos Bianco y el ministro Javier Rodríguez. La convocatoria reunió a jefes comunales de distintas fuerzas políticas: peronistas, radicales y vecinalistas, con presencia de distritos de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y Tierra del Fuego, entre otros.
En las escalinatas del Palacio de Hacienda, los manifestantes entregaron un petitorio y coincidieron en que el objetivo era garantizar, según sus propias palabras, “una mejor calidad prestacional, lo básico en este momento duro del país”.
Antes de partir hacia la marcha, Espinoza había sintetizado la postura de los intendentes: “El límite es el hambre de nuestras vecinas y vecinos”.
Katopodis apuntó directamente contra el manejo de los recursos del impuesto a los combustibles y no ahorró palabras: “Le exigimos al Gobierno nacional que bajen el litro de combustible y que hagan las obras que con ese fondo tienen la responsabilidad de ejecutar”.
“Es un fraude, un delito y un robo que se queden con esa plata”, dijo, y también advirtió sobre el impacto económico del precio de la nafta: “El litro de nafta al precio que tiene en Argentina es gravísimo, golpea a la economía local, al transporte, a los fletes y a la vida de cada familia”.
Espinoza, por su parte, destacó el carácter inédito de la convocatoria y trazó un panorama severo: “Nunca intendentes de distintos partidos políticos se acercaron de forma conjunta. Hay vecinalistas, radicales, justicialistas y dirigentes de Juntos por el Cambio”.
“Es claro el desastre al que nos lleva la política económica nacional“, explicó, y también afirmó que “no arreglaron una sola ruta en toda la Argentina” y que “están quebrando productores de economías regionales y en las grandes ciudades industriales están cerrando miles de empresas”.
Sobre el precio de los combustibles, datos del Instituto Argentina Grande (IAG) indican que desde el inicio de la gestión de Javier Milei la nafta acumuló una suba del 542,7%. En lo que va de 2026, el incremento fue del 24%, más del doble de la inflación y cuatro veces por encima de la evolución salarial.
En la actualidad, un litro de nafta en Argentina cuesta en promedio USD 1,42, por encima del precio en Estados Unidos (USD 1,09) y Brasil (USD 1,31), dos países con los que los intendentes establecieron comparaciones directas, señalando que Argentina es también productora y exportadora de petróleo.
La situación provocada por el desgobierno de Milei
La Federación Argentina de Municipios presentó formalmente ante el Ministerio de Economía un documento en el que expone la situación de más de 500 gobiernos locales en todo el país. El texto advierte sobre una combinación de caída de ingresos, aumento de costos y mayor demanda social que está poniendo bajo presión la capacidad de gestión de los municipios.
En materia fiscal, el informe señala una caída del 11% en la coparticipación federal en los primeros meses del año, que se suma a retrocesos registrados en 2024 y 2025. También cuestiona el mecanismo de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), entregados de forma discrecional, y reclama que se asignen con los mismos criterios que la coparticipación.
Uno de los ejes del documento es el uso de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Según los intendentes, el Gobierno nacional recaudó $3,5 billones por ese concepto sin destinarlos ni a reducir el precio en surtidores ni a financiar obras de infraestructura vial, como establece la ley.
En conjunto con lo recaudado por el ex impuesto PAIS, el monto total asciende a $6,1 billones que, según el reclamo, debieron haberse aplicado al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte y a obras hídricas, entre otros destinos.
En el plano productivo, el documento describe el cierre de más de 22.000 empresas en todo el país, el deterioro de las economías regionales y una temporada turística considerada una de las peores en dos décadas. La apertura de importaciones y el aumento de tarifas son los principales factores que afectaron directamente a las pymes.
En el plano social, los intendentes alertaron por el aumento del 100% en la demanda de alimentos y asistencia a nivel local, dificultades en el acceso a medicamentos para jubilados y recortes en pensiones por discapacidad. Como señal del deterioro de las condiciones de vida, mencionaron la reaparición del trueque en plazas de distintas ciudades.
Entre las medidas propuestas, la FAM solicitó la revisión del esquema de coparticipación, la normalización del envío de fondos nacionales, la restitución de subsidios y el fortalecimiento de políticas para pymes.
También plantearon la creación de una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Economía y los municipios, y no descartaron avanzar con acciones judiciales si no obtienen respuestas concretas.
“Estamos para reclamar por fondos que se han recortado a las provincias”
Entre los presentes figuraron referentes del Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora, el Frente Renovador, sectores vecinalistas y una delegación de cuatro intendentes radicales: Lisandro Hourcade, Martín Randazzo, Miguel Gargaglione y Emilio Cordonnier.
Cordonnier, intendente radical de Ayacucho, explicó los motivos de su presencia: “Nuestra presencia acá tiene que ver con acompañar un reclamo que entendemos justo de parte de la provincia de Buenos Aires, pero también alcanzando a otras provincias y otros municipios del país”.
“Estamos para reclamar por fondos que se han recortado a las provincias y, en consecuencia, a los municipios, y nos limitan muchísimo la posibilidad de dar respuesta a una demanda que vemos cada vez más creciente“, agregó.
El jefe comunal radical detalló que esa demanda incluye pedidos de ayuda para alimentos, medicamentos y servicios básicos como gas, luz y alquiler, y planteó como objetivo “que haya un reparto más equilibrado de recursos entre Nación, Provincia y municipio“.
Ricardo Marino, intendente de Patagones, subrayó la importancia de la unidad: “Unidos siempre es más fuerza y toda petición se fortalece a través de la suma de todos los intendentes de la provincia y del país”. Marino sostuvo que el Gobierno nacional está recortando derechos a las provincias, lo que repercute directamente en cada distrito.
Pablo Descalzo, intendente de Ituzaingó y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro, apuntó contra el incumplimiento de obligaciones constitucionales: “El gobierno nacional está obligado, constitucionalmente, a través de resoluciones y leyes, a coparticipar lo que aportan los ciudadanos, en mi caso, del pueblo de Ituzaingó. Y están incumpliendo todos los días”.
Descalzo remarcó que la deuda acumulada no perjudica a gobernadores e intendentes como funcionarios, sino que impacta directamente sobre la ciudadanía.
Espinoza cerró la jornada con una lectura de conjunto sobre lo que significó la movilización: “Nunca tantos intendentes de todo el país vinieron a la Capital Federal a generar una protesta de esta envergadura. Intendentes también de distintos partidos políticos. Del radicalismo y vecinalistas. Realmente, una jornada histórica para todos nosotros”.
El titular de la FAM también apuntó a la desconexión que perciben entre la realidad local y las decisiones del Ejecutivo nacional: “Vinimos a plantear la realidad que estamos viviendo el día a día en cada una de nuestras ciudades, que parece que a veces el gabinete nacional, el presidente, no se dan cuenta de lo que pasa todos los días”. Y graficó la situación en los municipios:
“Nosotros, que somos el primer escalón de la democracia, el primer mostrador de la democracia, somos los que recibimos de primera mano al vecino que necesita un medicamento ahora con el desastre del PAMI, ni hablar porque no lo pueden comprar”.
