En la práctica, una ley nacional sin financiamiento nacional no es una política pública: es una obligación trasladada. El Estado define derechos, fija estándares y establece responsabilidades, pero al retirar o no asignar recursos convierte su cumplimiento en una carga para las provincias. El resultado es un federalismo invertido: la norma es nacional, pero su viabilidad depende de la capacidad fiscal local. En ese esquema, los derechos dejan de ser universales y pasan a ser contingentes.
El caso del FONID: de herramienta igualadora a vacío presupuestario
El ex ministro de Educación nacional y de la provincia de Buenos Aires Alberto Sileoni introduce el tema de manera contundente: “Respecto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), se puede decir que más que una descentralización fue una eliminación de un fondo que tenía aproximadamente 26 años de existencia”.
No es solo una discusión administrativa, entonces. Según el economista Guido Zack, de Fundar, lo que está ocurriendo en la Argentina tiene una lógica clara. “Si Nación les transfiere a las provincias los gastos pero no los recursos, lo que hace, básicamente, es trasladarles el déficit”, sostiene.
Ambas miradas describen el mismo fenómeno desde distintos ángulos. Zack advierte que “discutir únicamente los gastos sin discutir los recursos es una conversación incompleta”, mientras que Sileoni pone el foco en el impacto concreto de esa decisión: la desaparición de un instrumento que estructuraba el sistema educativo.
Zack agrega que, cuando esto ocurre, “las provincias quedan frente a un dilema sin salida sencilla: la calidad de la educación baja, el déficit aumenta o ambas alternativas se dan al mismo tiempo”.
“Hablar de delegación de responsabilidades sin sus recursos asociados suena a querer sacarse de encima gastos para reducir el déficit”, señala el economista Guido Zack
Durante más de dos décadas, el FONID cumplió una función clave: complementar salarios y reducir desigualdades entre jurisdicciones. “Era una ayuda muy importante para las provincias porque nivelaba los salarios”, explica Sileoni.
No se trataba solo de un adicional. “El fondo se acompañaba con otro fondo compensador para las provincias que no podían llegar al mínimo, por lo que tuvo un efecto concreto, que fue la elevación del salario docente en toda la Argentina y una reducción de brechas”, detalla antes de sentenciar: “Hoy, con una disparidad de salarios docentes mucho mayor, no hay nación educativa; el sistema está como astillado”.
Las reacciones provinciales
Frente a ese vacío, las provincias reaccionan con herramientas propias, pero con márgenes distintos.
Santa Fe, por caso, creó un fondo provincial para sostener los ingresos docentes. Es una decisión que muestra capacidad de respuesta, pero también el traslado del costo, ya que la provincia reemplaza con recursos propios lo que antes financiaba la Nación.
“El Estado nacional resigna ser articulador de una política educativa”, apunta el ex ministro de Educación nacional y provincial Alberto Sileoni
En Buenos Aires, en cambio, el escenario fue más restrictivo. “Se pudo pagar el fondo en enero de 2024 y después ya no se pudo seguir sosteniendo”, reconoce Sileoni. La alternativa fue reforzar la paritaria: “Hay una mesa de discusión que está presente, pero los aumentos son mucho menores de los que quisiéramos”. El resultado es que “el salario de los docentes se ha deteriorado”.
Zack vuelve a encuadrar el problema al sostener que “hablar de delegación de responsabilidades sin sus recursos asociados suena a querer sacarse de encima gastos para reducir el déficit”.
El impacto no se limita al ingreso docente. También alcanza a la estructura del sistema. Sileoni señala que la eliminación de fondos afectó programas clave como Conectar Igualdad, una inversión que no se pudo sostener desde la provincia. Además, según su mirada, “el Estado nacional resigna ser articulador de una política educativa”. Frente a eso, “hay una cantidad de provincias que hacen lo que pueden”.
Para Zack, el punto de fondo no está en un programa específico, sino en el diseño del federalismo fiscal. “Discutir únicamente los gastos sin discutir los recursos, evidentemente, es una conversación parcial”, insiste. Y lo vincula con un problema histórico: la falta de una nueva ley de coparticipación desde 1994. “Si el Estado nacional transfiere gastos, también debería discutir cómo se distribuyen los recursos”, plantea. De lo contrario, el sistema produce desigualdad entre provincias por diseño.
Políticas sociales: el mismo patrón, otro territorio
La Ley Nacional Nº 27.654, sancionada en 2021, establece un marco claro de intervención estatal. En su articulado define a las personas en situación de calle como sujetos de derecho y fija obligaciones concretas: “Garantizar el acceso efectivo a la vivienda, la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social”, además de promover políticas integrales y coordinadas entre los niveles del Estado.
Sin embargo, el punto crítico no está en la letra de la ley, sino en su implementación. La norma prevé la articulación entre Nación, provincias y municipios, pero no resolvió de manera operativa el financiamiento. Allí aparece el primer límite estructural: una política nacional sin recursos asignados de forma estable queda librada a la voluntad y capacidad de cada jurisdicción.
Ese vacío se traduce en la práctica. Según distintos especialistas, sin recursos esa ley no tiene ningún sentido, ya que la respuesta estatal se limita a dispositivos de emergencia, especialmente durante el invierno, sin continuidad anual ni equipos permanentes.
Los relevamientos publicados en medios nacionales muestran esa fragmentación. En varias jurisdicciones, los programas se reducen a paradores temporales, con escasa articulación interinstitucional y sin políticas sostenidas de inclusión habitacional o laboral. La consecuencia es directa: el derecho reconocido por la ley se vuelve desigual según el territorio. Allí donde hay más recursos, hay mayor intervención; donde no los hay, la ley queda solo como una declaración de principios.
Fuente: El Auditor
