El impacto de la decisión del gobierno de Javier Milei de no renovar la moratoria previsional ya se siente con fuerza en las estadísticas oficiales. En el primer trimestre de 2026, apenas 52.192 personas lograron acceder a una jubilación a través de la Anses, lo que representa una caída del 43% respecto del mismo período de 2025 y un desplome del 55% frente a 2024.
Los datos, difundidos por la Subsecretaría de Seguridad Social, reflejan un cambio drástico en la dinámica del sistema previsional. Durante los años previos, el acceso a la jubilación estuvo fuertemente apalancado por el plan de regularización de aportes contemplado en la ley 27.705, vigente entre marzo de 2023 y marzo de 2025.
Ese esquema permitía a quienes no alcanzaban los 30 años de aportes completar su historial sin pagar por adelantado, mediante descuentos mensuales sobre el haber. Aunque técnicamente no era una moratoria, en la práctica funcionó como tal y amplió significativamente el universo de beneficiarios.
En contraste, hoy solo el 44% de las nuevas jubilaciones se otorgaron con algún tipo de regularización, un porcentaje que también marca una baja respecto de años anteriores. En el primer trimestre de 2025, ese indicador había sido del 72,2%, mientras que en 2024 alcanzaba el 76,2%.
El efecto de una política que se interrumpió
Durante su vigencia, el plan de la ley 27.705 tuvo un peso determinante en el sistema previsional. En 2023, el 81% de las jubilaciones se otorgaron a personas que recurrieron a moratorias o mecanismos similares. En 2024, ese número fue del 73% y en 2025 descendió al 53,5%.
La caída actual no responde solo a una cuestión estadística, sino a una modificación estructural en las condiciones de acceso. Sin la posibilidad de regularizar aportes recientes, miles de personas que alcanzan la edad jubilatoria —60 años en mujeres y 65 en varones— quedan automáticamente excluidas por no cumplir con los 30 años de contribuciones exigidos.
El fenómeno también expone un problema de fondo: la alta informalidad laboral en la Argentina, que durante décadas dejó a una gran parte de los trabajadores fuera del sistema previsional formal. Las moratorias funcionaban, en ese contexto, como una herramienta de inclusión que compensaba esa realidad.
Qué alternativas quedan vigentes
Tras la caída del principal esquema de regularización, las opciones para acceder a una jubilación se reducen considerablemente. El único plan de moratoria disponible es el de la ley 24.476, un régimen permanente pero limitado, que solo permite regularizar aportes previos a octubre de 1993. Con el paso del tiempo, su alcance se vuelve cada vez más acotado.
También sigue vigente el sistema de compra de aportes para trabajadores en actividad, contemplado en la misma ley 27.705, aunque con restricciones. Está dirigido a personas que estén a menos de diez años de la edad jubilatoria —mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64— y permite adquirir períodos anteriores a abril de 2012. Cada mes tiene un costo que se actualiza por inflación: actualmente ronda los $37.146 y superará los $38.400 en mayo.
Por fuera del sistema contributivo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aparece como una alternativa, aunque con condiciones menos favorables. Requiere 65 años de edad y equivale al 80% del haber mínimo, sin generar derecho a pensión para el cónyuge.
En paralelo, los datos oficiales muestran que el sistema previsional sigue fuertemente marcado por el uso de moratorias: del total de más de 5,8 millones de jubilaciones pagadas en marzo, el 68,2% incluye algún tipo de regularización de aportes. Incluso, entre quienes perciben el haber mínimo con bono, el 90% accedió a través de estos mecanismos.
Fuente: GLP
