El sistema universitario nacional volverá a movilizarse el próximo 12 de mayo con una consigna clara: exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, que llamaron a marchar hacia Plaza de Mayo en defensa de la educación pública, la ciencia y el sistema universitario.
Se trata de la cuarta protesta desde la asunción de Javier Milei, en un contexto de creciente tensión entre las casas de estudio y el Gobierno nacional. Rectores, docentes y estudiantes coinciden en que la falta de implementación de la ley agrava una crisis presupuestaria que impacta de lleno en salarios, becas y funcionamiento.
“Esperamos que el pueblo argentino dé una señal clara que quiere un país en el que los jóvenes de todas las clases sociales puedan ir a la universidad”, afirmó la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier.
Un conflicto que escala por la falta de financiamiento
El reclamo central gira en torno al incumplimiento de la ley sancionada por el Congreso, que establece la actualización de partidas presupuestarias y la recomposición salarial del sector. Sin embargo, el Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema para frenar su aplicación.
Desde la Casa Rosada argumentan que la norma no define con claridad las fuentes de financiamiento y que su implementación podría afectar el equilibrio fiscal. Según un informe de la Procuración del Tesoro, cumplir con la ley implicaría reasignar más del 90% de los créditos disponibles para gastos primarios.
Del otro lado, las universidades rechazan ese planteo. “La ley solo representa el 0,23% del PBI, algo ínfimo para la Argentina”, sostuvo el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho.
Uno de los puntos más críticos es el deterioro salarial. Desde CONADU advierten que la pérdida de poder adquisitivo docente alcanza niveles históricos. “El sistema universitario no puede sobrevivir ante las condiciones de asfixia presupuestaria en la que estamos”, señaló Chevalier.
Datos del sistema universitario indican que los salarios perdieron hasta un 50% de su poder de compra, lo que ya genera renuncias de docentes y dificultades para cubrir cátedras en distintas carreras.
El CIN, en tanto, informó que las transferencias a las universidades cayeron un 45,6% desde 2023 y que el 93% del presupuesto se destina exclusivamente a salarios, dejando escaso margen para el funcionamiento básico.
Becas, investigación y funcionamiento en riesgo
La crisis también impacta en las becas estudiantiles y los programas de investigación. Autoridades universitarias advierten que los recursos actuales no alcanzan para cubrir servicios esenciales, mantenimiento ni equipamiento.
Desde los gremios remarcan que la ley permitiría actualizar estos fondos y garantizar el funcionamiento del sistema. “Aun con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen”, cuestionaron los rectores.
“Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que alumbran el desarrollo”, destacaron desde el CIN.
El conflicto no solo se limita a las calles. La discusión avanzó en el ámbito judicial, donde fallos de primera instancia y de Cámara ordenaron aplicar artículos clave de la ley vinculados a salarios y financiamiento.
El Gobierno apeló esas decisiones y el expediente continúa en análisis. En paralelo, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto que modifica la normativa vigente y establece actualizaciones presupuestarias más restrictivas.
Mientras tanto, la falta de definiciones mantiene en vilo al sistema universitario, que ya anticipa que profundizará su plan de lucha.
Fuente: GLP
