A solo algunos meses de aprobarse, con fuertes polémicas, la modificación de la Ley 1355 y de habilitarse la producción de salmónidos en Tierra del Fuego (Argentina), la industria nuevamente vuelve a mostrar las fuertes consecuencias tanto en la biodiversidad y los recursos pesqueros como en el ambiente. En Chile, un evento de mortalidad masiva de salmones fue reportado en la comuna de Quinchao, archipiélago de Chiloé (Región de Los Lagos). La información fue difundida por CNN Chile y confirmada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Se trata de una mortandad de cerca de 283 toneladas de salmón equivalente a alrededor del 10% del total del centro.
Según los antecedentes informados por la autoridad, el evento se habría originado por un fenómeno de baja de oxígeno en el sector. Sernapesca indicó que fiscalizadores se encuentran en terreno verificando que se cumplan las medidas contempladas en el plan de acción ante contingencias activado por la empresa. El organismo señaló, además, que los ejemplares están siendo retirados mediante un pesquero de alta mar (PAM) con destino a la planta reductora La Portada, como parte del protocolo de manejo y disposición de biomasa.
En declaraciones consignadas por CNN Chile y por el propio comunicado institucional, el director regional de Sernapesca en Los Lagos, Cristian Hudson, sostuvo que este tipo de fenómenos oceanográficos “son ocasionales” en la región y que continuarán monitoreando el evento puntual y el comportamiento de otros centros de cultivo cercanos.
Por otro lado, desde organizaciones y espacios ambientales el foco se corrió rápidamente hacia las posibles consecuencias del episodio. En una publicación compartida por Defendamos Patagonia y Austerra Society, advirtieron que un volumen tan alto de peces sin vida puede traducirse en contaminación en fondos marinos: a medida que la biomasa se descompone, señalan, se liberan nutrientes y sustancias que agravan la asfixia de la vida marina local, con riesgo de afectar otras especies y dañar la biodiversidad.
En el mismo mensaje, asociaron estos eventos a problemas estructurales del modelo industrial en jaulas: acumulación de material orgánico, uso de químicos (incluidos antibióticos) y consumo del oxígeno disuelto, con posibilidad de generar “zonas muertas”. También subrayaron el potencial impacto sobre la pesca artesanal y plantearon que, por el volumen involucrado, el manejo debe ser urgente para evitar focos de contaminación y un problema sanitario.
El episodio en Chiloé vuelve a leerse como un espejo regional para Tierra del Fuego. En la provincia, la Ley 1355 (2021) había regulado la salmonicultura, prohibiendo el método de cultivo en aguas provinciales, pero en diciembre de 2025 el gobierno impulsó una modificación a esa ley en el marco para el “desarrollo de la acuicultura”, presentado como ampliación de la matriz productiva. En paralelo, sectores científicos y sociales cuestionaron la reforma y advirtieron sobre riesgos del modelo , reabriendo la discusión por la licencia social y por el proceso político que acompañó el cambio, señalado por críticos como arbitrario y atravesado por acuerdos inesperados y cambios repentinos de postura legislativa.
En ese contexto, la mortandad de 283 toneladas en Quinchao instala una pregunta incómoda pero central para el debate fueguino: qué tan robustos son los controles, la fiscalización y la capacidad de respuesta ante contingencias cuando un evento de este tipo escala en un ecosistema costero, y cuáles son los impactos inmediatos y acumulativos sobre el ambiente y las economías locales que viven del mar.
Fuente: Agencia Ambiente.
