El Comité Contra la Tortura de la ONU (CAT) publicó sus observaciones finales sobre la Argentina y encendió todas las alarmas por el accionar del Gobierno de Javier Milei en materia de derechos humanos. El documento cuestiona el uso excesivo de la fuerza en protestas, el aumento de las denuncias de tortura y los abusos policiales, además de advertir sobre un deterioro profundo de las condiciones de detención.
La presentación de Argentina ante la ONU quedó marcada por el escándalo generado por el subsecretario de Derechos Humanos Alberto Baños, quien en Ginebra negó el genocidio de la dictadura y justificó la represión de la protesta social bajo la gestión libertaria. Sus dichos quedaron reflejados en el informe, que compila aportes de más de 20 organizaciones, entre ellas el CNPT, la CPM y el CELS.
Uso de la fuerza y protocolos que amplían la discrecionalidad
Bajo el título “Uso excesivo de la fuerza en contexto de protestas”, el CAT expresó preocupación por la resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad, ya que “debilitan la obligación de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales de identificarse durante los operativos y amplían su discreción para recurrir al uso de armas de fuego ante la mera sospecha de la comisión de un delito grave”.
El organismo también objetó la resolución 704/2024 sobre armamento no letal, porque no define en qué situaciones pueden utilizarse, y volvió a cuestionar el protocolo 943/2023, conocido como “anti piquetes”, debido a que no incluye criterios claros para limitar el uso de armas menos letales y habilita “una presunción automática de flagrancia”.
El Comité lamentó, además, la falta de información sobre investigaciones por las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos ocurridas en las manifestaciones de marzo de 2025.
Abusos policiales y denuncias de tortura
Otro foco de alarma es el incremento de denuncias por abusos en operativos policiales, detenciones masivas sin control judicial y casos de hostigamiento durante “operativos preventivos”, especialmente en barrios populares. El informe también menciona los hechos registrados en los operativos de “orden y limpieza” en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires contra personas en situación de calle.
Sobre el sistema penitenciario, el CAT subrayó el aumento de denuncias por malos tratos y torturas desde 2024. El informe da detalles de prácticas violentas en el penal de Piñero, Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, incluyendo “simulacros de ahogamiento”, descargas eléctricas y abusos sexuales, y advierte por la falta de avances en las investigaciones.
También alertó por represalias contra personas detenidas que denuncian abusos y por la ausencia de mecanismos efectivos de protección para víctimas y testigos.
Detenciones prolongadas y condiciones inhumanas
El Comité manifestó “seria preocupación” por personas retenidas más de seis meses o incluso un año en comisarías, lugares no preparados para alojar detenidos de largo plazo. Describió celdas sin ventilación, falta de agua potable, escasa atención médica y deterioro general de las condiciones edilicias.
El informe también insistió en la necesidad de mejorar las condiciones de las mujeres privadas de libertad, garantizar salud ginecológica y obstétrica, eliminar violencia obstétrica y priorizar alternativas a la prisión para embarazadas o madres con hijos pequeños.
Al analizar la situación de niñas, niños y adolescentes privados de libertad, advirtió por internaciones lejos de sus familias, condiciones deficientes y penas superiores a diez años. También alertó sobre el proyecto de reducción de la edad de imputabilidad.
Argentina deberá informar en un año qué avance realizó en las recomendaciones urgentes del organismo.
Fuente: GLP
