La Cámara de Diputados de la Nación no logró la mayoría necesaria para ratificar el proyecto de ley de jubilaciones, que contemplaba aumento de los haberes y del bono, además de la restitución de las moratorias previsionales, entre otras medidas de recomposición y para garantizar la universalidad de la seguridad social de los adultos mayores en Argentina.
Con este panorama, los haberes previsionales correspondientes al mes de julio, que serán liquidados en agosto, son los establecidos por la Resolución 298/2025 de ANSES, a los que se suma el pago del bono extraordinario de $70.000 establecido por el Decreto 613/2025.
La jubilación mínima de agosto, que contempla la inflación del 1,9% informada por el INDEC a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, quedó ubicada en $320.277 y asciende a $390.277 con el pago del bono de $70.000, cuyo monto está congelado desde marzo de 2024.
Solo la combinación de la jubilación mínima más el bono ubica a los jubilados apenas por encima de la línea de pobreza: la Canasta Básica Total (CBT) de agosto publicada por el INDEC fue de $371.959. Si un jubilado tuviera como único consumo una CBT, solo le sobrarían $18.318 al recibir el bono.
Pero si se compara la jubilación mínima con la canasta de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que refleja de manera más cercana los patrones de consumo de los adultos mayores, se comprueba una caída pronunciada del poder de compra de los haberes.
La canasta básica de jubilados elaborada por la Defensoría trepó a $1.200.523 en abril de 2025. Si se actualizara este indicador por la inflación de abril (2,78%), mayo (1,5%), junio (1,6%) y julio (1,9%), la canasta ascendería a $1.296.620. Este valor, que es un aproximado a partir de la indexación de la canasta anterior con el IPC de abril, mayo, junio y julio, y que no refleja los resultados de un relevamiento de campo, muestra que se requerirían 3,3 jubilaciones mínimas para cubrir los gastos.
Pese a la actualización del haber por inflación, se requieren tres jubilaciones mínimas para cubrir la canasta de la tercera edad de la Defensoría de CABA
Cabe destacar que el pago del bono sigue siendo aplicado de manera discrecional y depende, por lo tanto, de la decisión del Poder Ejecutivo.
¿Qué paquete de medidas fue vetado?
La ley aprobada y luego vetada establecía un aumento de jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales), así como el incremento del bono de $70.000 a $110.000, actualizable por inflación. En esa sesión también fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional (Ley 27.705) y la ampliación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Adicionalmente, se preveía un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas.
De haberse aprobado el paquete de medidas previsionales en su totalidad, la jubilación mínima de agosto, que contempla la inflación del 1,9% informada por el INDEC a través del IPC de julio, hubiera pasado a $343.336 que, sumados al bono de $110.000, daban un total de $453.336. En definitiva, el aumento del 7,2% y el incremento del bono representaban una mejora de $63.059.
El impacto fiscal de la ley vetada
El costo del aumento del 7,2% más un bono móvil de $110.000, con la situación actual que incluye el bono fijo de $70.000, asciende a $6,5 billones, lo que equivale a 0,79% del PBI (0,41% del aumento del 7,2% y 0,38% del bono).
Pero si la comparación se realiza contra una situación base sin ningún tipo de bono, el impacto fiscal de la ley vetada asciende a $10,5 billones, equivalente a 1,26% del PBI. Este escenario refleja la verdadera situación fiscal dado que el Estado nacional no tiene presupuestado ningún bono para las partidas previsionales de 2025.
Por su parte, las compensaciones por parte del Estado nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas implicaban un costo fiscal de $3,2 billones, equivalente a 0,38% del PBI.
En cuanto a la restitución por dos años de las moratorias previsionales, hubiera generado un costo fiscal acumulado estimado de $1,8 billones (0,19% del PBI), que se suma a la ampliación de las condiciones de acceso a la PUAM, que representa un impacto fiscal del 0,2% del PBI. Ambas medidas sumaban $3,5 billones, lo que representa 0,39% del PBI.
En total, el conjunto de medidas vetadas por el Ejecutivo representaba un costo fiscal del 2,03% del PBI
En total, el conjunto de medidas vetadas por el Ejecutivo, comprendido por el aumento del 7,2%, la actualización del bono, la restitución por dos años de la moratoria previsional, las compensaciones para las cajas previsionales y la ampliación de la PUAM, representaba un costo fiscal del 2,03% del PBI.
Para profundizar aún más en el tema, en el sitio de Fundación Éforo se encuentran publicados informes técnicos y ciudadanos.
Fuente: El Auditor
