Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló la magnitud del ajuste fiscal aplicado por el Gobierno nacional entre enero y agosto de 2025. Según el estudio, el gasto total de la Administración Pública Nacional cayó un 31% en términos reales respecto al mismo período de 2023. Los recortes afectan principalmente a áreas sensibles como salud, educación, obra pública y programas sociales, mientras que crecen las partidas destinadas a inteligencia y deuda pública.
Salud y programas críticos, entre los más afectados
La caída en el gasto sanitario es contundente. La Superintendencia de Servicios de Salud recortó un 56%, los hospitales nacionales entre un 30% y un 38%, el Instituto Malbrán un 26% y la ANMAT un 27%. Algunos programas específicos de atención y prevención directamente dejaron de ejecutarse, con caídas del 100%.
Solo un programa logró esquivar los recortes: el de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que registró un aumento del 41%.
Golpe a la seguridad social y asistencia alimentaria
En el área social, el panorama también es alarmante. La ANSES ejecutó un 7% menos que en 2023, pero otras dependencias sufrieron recortes mucho más severos: la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia cayó un 72%, el INAES un 75%, y comedores comunitarios, merenderos y programas de primera infancia prácticamente desaparecieron, con caídas de entre el 74% y el 100%.
El Plan Nacional de Protección Social y Economía Social, directamente, fue desfinanciado.
Educación en rojo: sin Conectar Igualdad ni incentivo docente
En educación, el ajuste también fue profundo. Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron ejecución nula. El fortalecimiento edilicio de jardines cayó un 88%, mientras que las becas y programas de formación docente bajaron entre un 77% y un 79%.
Ciencia y tecnología: un retroceso en inversión
El sector científico también sintió el impacto. El CONICET recortó un 29%, la CONAE un 40%, el INTA un 37% y el INTI un 44%. El programa de Promoción de la Investigación e Innovación tuvo una caída del 83%, lo que complica la continuidad de proyectos en curso.
Producción y obra pública, paralizadas
La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo ejecutó un 76% menos que en 2023. La CNEA cayó un 39%, mientras que el ENRE y ENARGAS bajaron un 24% y 26%, respectivamente.
Las partidas destinadas a transporte e infraestructura fueron las más golpeadas: caídas de entre 89% y 100%, con paralización total en pavimentación, cuencas, túneles y puentes. Las transferencias a provincias también se redujeron drásticamente, con bajas de hasta el 100% y la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires.
Seguridad, defensa e inteligencia: contrastes llamativos
Las fuerzas de seguridad sufrieron recortes de entre 29% y 32%. En tanto, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea registraron caídas de entre 17% y 21%.
El dato que más resalta es el de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que aumentó su ejecución en un 23%, en un contexto generalizado de ajuste. A su vez, los Servicios de Deuda Pública concentraron un 9% del gasto total, consolidando su peso dentro del presupuesto nacional.
Un recorte estructural con efectos sociales
El informe del CEPA concluye que el Gobierno avanza con un ajuste estructural que reconfigura el gasto público, priorizando el cumplimiento de compromisos financieros y áreas de control estatal, en detrimento de políticas sociales, científicas y de desarrollo.
La magnitud de los recortes pone en jaque la continuidad de programas esenciales para la población, en un contexto donde la crisis económica y social sigue afectando a millones de argentinos.
