Como si se tratara de un círculo para nada virtuoso, el año político de la Argentina termina exactamente como empezó, con un nuevo episodio del caso Ciccone, la causa en la que se investiga al vicepresidente Amado Boudou por presunto tráfico de influencias y actos de corrupción durante su gestión como ministro de Economía de la Nación.
La novedad es que desaparecieron tres importantes expedientes de la Inspección General de Justicia, lo que podría deberse a un improbable error burocrático, si no fuera que también se extraviaron las copias protocolares.
Un detalle adicional que incrementa la suspicacia es que la pérdida de este valioso material se produjo en febrero de este año, justo en la época en que estalló el caso y fue titular de las tapas de los diarios de mayor circulación del país.
Entre los papeles que se extraviaron están los legajos de la ex-Ciccone Calcográfica (ahora Compañía de Valores Sudamericana), los de London Supply –firma que levantó la quiebra de la imprenta con un aporte de casi dos millones de pesos– y de The Old Fund, el fondo utilizado para adquirir la empresa de impresión de billetes.
Todo esto implica innumerables inconvenientes para la investigación en curso, ya que fue necesario reconstruir estos expedientes que son claves en la causa judicial en la que está imputado Boudou, sospechado de tener vínculos con los supuestos principales accionistas de la imprenta hasta que fue estatizada en una polémica sesión especial del Congreso en agosto pasado.
El tiempo dirá si estas maniobras impedirán o no que la Justicia llegue a esclarecer la situación del vicepresidente, quien se ha cansado de repetir que se trata de una “operación” de la prensa, pese a los múltiples indicios que lo relacionan con algunos personajes involucrados, como Alejandro Vandenbroele y Miguel Castellano.
Más allá del costo político que ha representado este caso para el Gobierno nacional, que debió resignar al procurador General Esteban Righi, la lesión más profunda es también la menos visible, porque afecta el nivel de confianza de la ciudadanía en sus dirigentes políticos.
Sin importar los nombres y los cargos de los funcionarios bajo sospecha, no hay en la Argentina una voluntad decidida de lucha contra la corrupción estatal.
Un camino muy diferente emprendieron dos países vecinos. En Brasil, la cruzada anticorrupción derivó en 25 condenados. En Chile, acaba de renunciar el ministro de Justicia Teodoro Ribera, acusado de tráfico de influencias.
Mientras tanto, en la Argentina, Boudou sigue exhibiéndose a bordo de su moto, tocando la guitarra o acompañado de su joven novia de vacaciones en las Cataratas. Son como imágenes del álbum de la impunidad en un país que necesita no sólo que sus funcionarios sean eficaces, sino también probos y austeros.
Fuente:lavoz.com.ar
