Política energética: del neoliberalismo menemista al caradurismo cristinista

Este Decreto, cuya aplicabilidad reclamamos como nula, excluye a las Provincias de la Planificación Estratégica de la Política Energética Nacional y constituye una asfixiante muestra más del falso federalismo que ejerce el gobierno.
Llama poderosamente la atención que los representantes del Frente para la Victoria en la Legislatura que en la década del 90 apoyaron sin pestañear las políticas privatizadoras del neoliberalismo menemista, ahora pretendan impartir lecciones de nacionalismo popular apoyando una norma reglamentaria que lo único que hace es poner de rodillas a la provincia colaborando con la despiadada concentración de facultades que el Poder Ejecutivo se arroga en desmedro de aquellos estados provinciales productores de hidrocarburos.
Lo que este Decreto muestra no es sólo el atropello del gobierno y su falta de respeto hacia la soberanía de las provincias sino también que el plan originario de estatizar YPF ha fracasado. En efecto: los partidos de la oposición –con la Unión Cívica Radical incluida– votaron la Ley de estatización para recuperar el dominio de un recurso estratégico y participar del diseño de la nueva política energética y resulta que, ahora, nos damos cuenta que el objetivo central que plantea el Decreto no es pasa por planificar sino por generar caja para paliar el déficit operativo del gobierno central.
El Decreto 1277/2012, traducido para que la ciudadanía lo comprenda, nos viene a decir que ya no podremos manejar lo que es nuestro y que el gobierno nacional, como un vampiro, acentúa su política de vivir parasitariamente drenando recursos de las provincias.
El Decreto en cuestión nada dice sobre la conformación y puesta en marcha del Consejo Federal de Hidrocarburos que Tierra del Fuego debería integrar tal como lo dispone la Ley 26741 en su artículo 4°.
Por estas razones, Tierra del Fuego no puede permitir este atropello. El señor Kicillof ha desvirtuado el espíritu de la estatización estafando a las provincias. El Decreto 1277/2012 muestra a las claras que lo único que siempre le interesó al gobierno de Cristina Kirchner es obtener fondos a toda costa en vez de planificar de consuno con las provincias una nueva política energética.
Dicen los defensores de este expolio que lo hacen en nombre de lo nacional y popular; recordemos que, en su momento, Hitler también lo fue y hasta empleó el mote de socialista.
Estamos frente a un gobierno que, con la cantinela de lo nacional y popular, concentra el poder, empobrece a las provincias y asegura beneficios discrecionales a un capitalismo de corruptelas que nace de sus propias entrañas.
El Estado no puede ser juez y parte en el mercado de los hidrocarburos; debe regular y favorecer el clima de inversiones. Nadie invierte cuando las reglas no son claras o para perder seguro.
Lo que aquí sucede es que se estatizó una empresa y no saben qué hacer con ella. Luego de 9 años de políticas energéticas erráticas, marcadas por la desinversión y la pasiva complicidad con los capitales españoles expropiados hace apenas un trimestre, los responsables de semejante fracaso tienen la desfachatez de tildar de mediocres a los partidos de la oposición.
Será el Frente para la Victoria quien pasará a la historia como un gobierno de mediocres en materia energética, prepotentes en su accionar político y carentes de toda ética para administrar.
Desde la Unión Cívica Radical no cejaremos en reclamar lo que nos corresponde y en denunciar públicamente la expoliación a la que este Decreto pretende someternos.
Sepan quienes lean esta nota que nuestra postura no implica un posicionamiento distinto al de la defensa de los legítimos intereses de nuestra provincia. Los recursos y las regalías que genera Tierra del Fuego deben volver en más y mejores servicios públicos para la provincia y en más inversiones para el desarrollo que garanticen nuestro crecimiento y soberanía económica.