A primera vista, parecería que la Argentina ocupa un puesto destacado a nivel regional si se habla del Mínimo no Imponible medido en dólares. Es que actualmente están en unos US$ 1.294 para los solteros y de US$ 1.789 para casados con dos hijos.
Los valores en moneda estadounidense permiten comparar con otros países de la región. Así por ejemplo, en Chile ese piso está en unos U$S 1.000 mensuales. En Brasil, el número es de US$ 732, y de US$ 793 en Uruguay. Todos ellos están claramente por debajo del nivel argentino.
Sin embargo, esos U$S 1.294 dólares de Mínimo No Imponible representan unos $5.782. Y actualmente el salario promedio en el país es de $5.500, con lo cual alrededor de 1.700.000 trabajadores quedan afectados. En el 2011, el 20,1% de los registrados se veían alcanzados por el impuesto. En el 2000, según la consultora Analytica, lo hacía sólo el 10,3%, aproximadamente 800.000. En ese entonces, el Mínimo no imponible estaba cerca del doble del salario promedio de esa época.
En Chile, el porcentaje de empleados que paga ganancias es similar. El Mínimo no imponible está levemente por debajo del salario promedio. Pero compensa con cargas sociales progresivas, que en vez de afectar a todos por igual como en Argentina, aumentan a medida que los salarios son más altos, eximiendo a los de menores ingresos. Es decir, tiene la misma dinámica que el Impuesto a las Ganancias.
Esa es la propuesta del economista de Idesa Jorge Colina, quien sostiene que habría que comenzar a implementar un Mínimo no Imponible para las cargas sociales, que actualmente están en un 17%. Con esa jugada “se formalizarían los empleos en negro cuyo promedio actual es de $2.400”, con lo cual esos salarios aumentarían y el Estado podría mantener el nivel de recaudación. Por otro lado, “aumentaría la alícuota en los deciles más altos”, sostiene, en un esquema similar al que tienen países de Europa.
Los números de la región
“Las alícuotas se encuentran en el mismo orden, con un máximo del 35% salvo en Bolivia y Paraguay”, explicó a LPO el tributarista Luis María Peña. Pero luego aclara “la cuarta categoría no está afectada brutalmente como en la Argentina”. «Hace diez años el problema era menor, porque la relación era normal», aseguró.
Es que el Impuesto a las ganancias incluye en ese rubro al salario, y curiosamente deja exenta a la renta financiera, algo que es denunciado por este tributarista. Y que tomó forma en los proyectos de ley que presentaron cada uno por su cuenta los diputados Claudio Lozano del FAP y Alfonso Prat Gay de la CC. Tanto en Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil tienen desde hace años impuestos que gravan la renta de ese tipo de actividades.
En Argentina las escalas no se modifican desde hace 12 años. Los ingresos de hasta $ 10.000 (US$ 2237) pagan una alícuota del 9%; de $ 10.000 a $ 20.000 (US$ 4474) se abonan $ 900 (US$ 201), más el 14% del excedente de $ 10.000; de $ 20.000 a $ 30.000 (US$ 6710) se pagan $ 2.300 (US$ 514,50), más el 19% excedente de $ 20.000, y sigue escalando hasta tasas del 35 por ciento. «No se ha modificado la tablita de Machinea», remarcó Peña.
En Chile, desde el valor mínimo hasta los US$ 2.000, la tasa es del 5% mensual, y sigue escalando hasta llegar al 40% para los ingresos mayores a los US$ 12.000. En Brasil desde el piso hasta los 2.246 (US$ 1.097), deben pagar una alícuota del 7,5% (112 reales, US$ 55) y por encima de los 2.246 hay escalas del 15, 22 y 27,5 por ciento, según publicó el portal Infobae América.
Por su parte, en Uruguay desde el mínimo valor hasta el doble, se paga una tasa del 10%. Luego existen tasas del 20 y del 22%, y por encima de los 242.000 pesos uruguayos (US$ 11.282) se abona un impuesto del 25 por ciento. La tasa tiene ocho escalas que van del 1,92% hasta el 28% para los salarios más altos, y se calcula a través de un límite superior e inferior.
En definitiva, la cuarta categoría se ve fuertemente gravada en la Argentina, que además es una excepción en la región respecto a las exenciones en materia de renta financiera. Países como Chile lo compensan con cargas sociales que se mueven acorde al ingreso y de la que quedan eximidas las personas de menores recursos. Por eso la discusión por Ganancias conlleva al tema de las cargas sociales.
Con unas alícuotas que datan de 1997, la reforma se convierte en un debate urgente.
