Ya agotado el extenso orden del día de la tercera sesión ordinaria del año y cuando todo hacía suponer que el encuentro parlamentario llegaba a su fin, por 11 votos a favor la Legislatura insistió la sanción de la ley que modificó la base de cálculo para la determinación de la remuneración de la Gobernadora, referenciándola no ya con el total de escala de la categoría en la que revistan la mayor cantidad de agentes del Escalafón Seco de la Administración Central sino con el salario de la categoría 10 del escalafón legislativo. Esta decisión implica, en la práctica, un aumento del 25% en el haber mensual de la mandataria –que a partir de ahora rondará los 33.700 pesos en bruto– y de los parlamentarios –que será de unos 30.300 pesos en bruto, sin contar el desarriago que perciben los que tienen domicilio fuera de Ushuaia–, el que además deberá aplicarse de manera retroactiva al mes de enero de este año.
Habida cuenta que las remuneraciones de todo el personal político de los Poderes Ejecutivos y Legislativo están referenciadas a la de la Gobernadora, la mejora salarial será extensiva a Ministros, Secretarios, Subsecretarios, Coordinadores, Directores Provinciales, personal de gabinete y autoridades de Cámara. Además, esto eleva el tope salarial constitucional, por lo que todos aquellos empleados públicos alcanzados por esa limitación también verán incrementados sus haberes.
El tratamiento de este tema fue propuesto por el legislador (PJ) Ricardo Furlan y sólo contó con la oposición de su pare de bancada Analía Collavino y los tres integrantes del bloque EP; Manuel Raimbault, Elida Deheza y Verónica De María.
Los dos integrantes de la bancada oficialista –la debutante legisladora Norma Gildestein, que ayer mismo asumió el cargo, y el vicegobernador en ejercicio Fabio Marinello– votaron favorablemente este aumento. Llamativamente, Marinello es el mismo que el pasado lunes 8 firmó el decreto 1806 mediante el que no se ratificó el acta acuerdo alcanzada en paritaria por el gremio de la sanidad, determinación que fue justificada por el Ministro de Economía en una razón de responsabilidad funcional, por cuanto el acuerdo representaba una erogación anual del orden de los 9 millones de pesos que las arcas provinciales no estaban en condiciones de poder afrontar.
Por tratarse del rechazo de un veto, el Poder Ejecutivo tiene como única alternativa para oponerse a la vigencia de esta norma plantear la inconstitucionalidad de la ley en cuestión. Claro que teniendo en cuenta que la insistencia de la misma contó con el respaldo de los representantes parlamentarios del partido de Gobierno, es de suponer que la postura asumida por Gildstein y Marinello fue consensuada previamente con la Gobernadora, o por lo menos con algún ministro con peso político dentro del gabinete provincial.
Emergencia por 60 días
Tal lo adelantara EDFM, el Parlamento aprobó ayer la declaración de emergencia en el servicio de agua potable con modificaciones respecto del proyecto que fuera elevado por el Ejecutivo. Esta emergencia se limita al servicio de producción y suministro de agua potable en la ciudad de Ushuaia, y por un plazo de 60 días prorrogable por 30 días más.
También se restringió la posibilidad de contratar de manera directa a sólo dos obras; la de readecuación de la toma de agua de la planta potabilizadora de Arroyo Grande y la del edificio laboratorio de control de la planta potabilizadora de Arroyo Buena Esperanza que demandarán una inversión de 1,3 millones de pesos a financiar con el Fondo de la Soja. Se justificó esta decisión en el hecho de que estas dos obras fueron planteadas como prioritarias por el ministerio de Obras Públicas en el informe que elevó el martes de esta semana a la comisión legislativa de Obras Públicas.
En cuanto a la adquisición de las plantas modulares, se estableció que durante la vigencia de la emergencia el Poder Ejecutivo podrá solicitar, mediante proyectos técnicamente fundamentados, otras obras a incorporar en el marco de la ley. Se indicó que la adquisición y montaje de estas plantas no se incorporó inicialmente a la ley de emergencia, por cuanto en el informe del martes pasado no se adjunto proyecto técnico de factibilidad alguno.
Además se dispuso que las obras autorizadas debamos ser contratadas por la Dirección de Obras Sanitarias, por lo que se autorizó al ministerio de Economía a transferir, dentro de las 48 horas de publicada la ley, los fondos necesarios a la DPOSS.
Por otra parte, la ley dejó sin efecto, por el plazo de la emergencia, la aplicación del aumento de la tarifa del servicio que presta la DPOSS.
En el marco del debate por la crisis de agua en Ushuaia, fracasó el intento de parte de los Legisladores de interpelar al ministro de Obras Públicas. Manuel Benegas zafó de tener que comparecer ante los parlamentarios gracias al voto de los legisladores Marinello y Gildstein (PSP); Marcelo Fernández (UCT); Ricardo Wilder (UPS); Löffler y Frate (MPF); Pluis (UCR) y Velásquez (MO).
Negociaciones confidenciales
A la sanción de la ley que estableció la realización de censos provinciales cada 5 años; la que prohibe la minería a cielo abierto y la que prohibe “la permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones logística” en el territorio provincial de “buques de bandera británica o de conveniencia” que realicen actividades relacionadas con la explotación o exploración de recursos naturales “dentro del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina”, se aprobó por mayoría un proyecto de resolución instando al Poder Ejecutivo que declare “la nulidad, por razones de ilegitimidad” de la Resolución Secretaria de Hidrocarburos Nº 8 de enero pasado, por cuanto la misma dio carácter de confidencial a toda “información que se maneje en el marco de la ronda de negociaciones” del proceso de prorroga de las concesiones hidrocarburíferas.
En función de esta determinación, el secretario de Hidrocarburos, Eduardo D`andrea, resolvió que “tanto los miembros” que representan al estado fueguino en la comisión de negociación “como cualquier otra persona que participe de las rondas de conversaciones con las empresas titulares de concesiones de explotación de hidrocarburos (…) deberán suscribir” un “convenio de confidencialidad”, por el que se obliga a todas las partes a mantener “en estricta reserva” sobre toda información a la que accedan, la que no podrán “divulgar (…) a personas no autorizadas para acceder a su conocimiento, incluidos los medios de comunicación, clientes, proveedores y otros individuos o entidades”. La cuestionada resolución determina también que el la persona que incumpla el acuerdo de confidencialidad será “responsable de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento genere o sea capaz de generar a las empresas hidrocarburíferas y a la provincia, sin perjuicio de las acciones que estas puedan deducir en sede civil como penal a efectos de lograr el cese de la conducta contraria al mismo”. Establece, además, que el “acuerdo de confidencialidad” tendrá vigencia por “5 años contados a partir de la fecha en que se logre la aprobación legislativa del acuerdo final de renegociación”.
El autor de la iniciativa, Manuel Raimbault, calificó a la resolución como abiertamente violatoria del principio de “publicidad de los actos de gobierno” contemplado en la Constitución Provincial y nacional, de la ley provincial de “libre acceso a la información pública” y de la procedimiento administrativo. Afirmó, por ende, que la resolución resulta “absolutamente ilegal” y constituye un acto “irritante y lesivo del control público” que pone en evidencia el grado de “impunidad” con que se pretende avanzar en la renegociación de las concesiones para “no tener que rendir cuentas”. Objetó también que por esta resolución se cree un nuevo procedimiento administrativo basado en la “oralidad” y no en el registro escrito, lo que impedirá a posteriori poder analizar el contenido de las negociaciones.
Raimbault alertó que esta resolución fue dictada el 6 de enero de este año y recién fue publicada en el boletín oficial del pasado miércoles 17 de agosto, por lo que resulta imposible conocer lo sucedido durante ese lapso de tiempo en la renegociación de las concesiones, por lo que reclamó que la Gobernadora no sólo la deje sin efecto sino que también acciones judicialmente contra los funcionarios involucrados en su dictado.
Fuente:Diario del Fin del Mundo.
