Cristina Kirchner decidió ponerle fin a la novela de enredos en la que se convirtió la continuidad de Martín Redrado del Banco Central. Y cortó por lo sano: firmó un decreto echándolo de su cargo, y le ordenó a la Procuración que lo denuncie ante la justicia.
«Remuévase del cargo de presidente del Banco Central, el licenciado Hernán Martín Pérez Redrado, por incurrir en mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público», dice el primero de los cinco artículos.
Después de participar de un acto en La Matanza, al que fue tras firmar el decreto en la Casa Rosada junto a todos los ministros, la presidenta se lamentó y se justificó de la destitución de Redrado: «Fue una medida que me hubiera gustado no tomar. Pero el Banco Central debe funcionar normalmente y sus reuniones deben ser presididas por el presidente”.
“Debemos cumplir con el Fondo del Bicentenario. Esperábamos un ejercicio de responsabilidad, pero bueno, tomamos la decisión de que el Banco Central debe seguir funcionando”, completó Cristina Kirchner.
En el tercer artículo es el que lleva la trifulca a los Tribunales. Le ordena “al Procurador General de la Nación a proceder a presentar la denuncia respectiva ante la autoridad judicial». O sea, que lo mande al banquillo por desobedecer el decreto que crea el Fondo del Bicentenario con 6.569 millones de dólares de las reservas del Banco Central, para destinarlos en su mayoría a la cancelación de la deuda.
Fue esa rebeldía la que ofuscó a la presidenta, que acrecentó su bronca cuando se enteró que Redrado recibiría ayer al presidente del Comité de la UCR Gerardo Sanz, y al jefe del bloque de senadores, Gerardo Morales.
El resto de la historia fue la que ayer colocó a Redrado en boca de todos: el jefe de Gabinete le pidió la renuncia, él nunca la presentó y pidió que se cumplan los plazos legales de su remoción, que incluye la creación de una comisión bicameral que evalúe su desempeño, aunque su actuación, de todos modos, no se exige que sea vinculante.
Los considerandos del decreto justifican la expulsión de Redrado en dos temas puntuales: su negativa a liberar el dinero para el Fondo del Bicentenario, y al haber desconocido hoy la reunión del directorio de la entidad, donde la mayoría kirchnerista se sumó al pedido para que se aleje de la entidad.
“A pesar de los dispositivos legales citados, a la fecha no se ha ejecutado la norma por la actitud remisa del señor presidente del Banco central de la República Argentina, quien ha manifestado que no la ejecutaría, y de hecho parece no tener reparo en omitir, rehusar o retardar el cumplimiento de la norma”, señala.
El texto recuerda además que ayer Redrado “intentó suspender y evitar la reunión de Directorio” convocada para hoy, “invocando la inexistencia de tema s para ser incorporados en el orden del día, y que el tratamiento de los incluidos no reviste el carácter de urgente.
También justifica la aplicación de un decreto y de su plena vigencia hasta tanto no sea evaluado por el Congreso. No es ésta una aclaración menor: significa que hasta que el parlamento no se reúna, el Gobierno podrá utilizar el Fondo del Bicentenario a su gusto. Una vez que lo haga, se presume, cambiar el destino de ese dinero no sería una tarea fácil.
“La ley 26.122 que establece el Régimen Legal de los decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes”, señala el decreto, y cita el artículo 24 de dicha ley para recordar que esa medida sólo puede ser depuesta por amabas Cámaras del Congreso, pero, aclara “sin afectar los derechos adquiridos durante su vigencia”.
Asume Pesce y el Congreso no se mete
data imagen
Miguel Pesce
Ampliar imagen
Temporalmente, el actual vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce quedará a cargo temporalmente del Directorio del organismo, hasta tanto se designe al nuevo presidente de la entidad. Y su primera medida, en las próximas horas, sería desviar los 6569 millones de dólares de las reservas para el Fondo del Bicentenario, el polémico
El segundo párrafo del artículo noveno de la Carta Orgánica del Banco Central prevé que el Gobierno decrete la remoción de los miembros del directorio de la entidad “cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público,”, aunque aclara que para ello se debe contar con el previo consejo “de una comisión del Honorable Congreso de la Nación”.
Y agrega que la comisión “será presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la misma y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación”.
Sin embargo, una vez más, el gobierno burlará un trámite parlamentario, ya que el artículo segundo del decreto pide dejar sin efecto ese párrafo. Lo hace en función de las consideraciones expuestas en la medida. El artículo cuatro da cuenta del decreto a la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, que el mismo decreto se encargó de excluir del proceso.
Al salir de la Casa Rosada, el ministro de Economía Amado Boudou defendió esa decisión. “La comisión no es vinculante, y además el congreso está de receso y dos de las comisiones que deberían aportar sus presidentes no están conformadas”, se justificó.
Se refiere e las comisiones del Senado, que aún no fueron designadas. Sí las de Diputados, donde la comisión de Presupuesto la preside el kirchnerista Gustavo Marconato y la de Finanzas Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica.
El decreto también alude a esa situación, como parte de lo justificativos de la medida. “El congreso se encuentra en pleno receso estival y asimismo, las Comisiones del Senado, cuyos presidentes deben integrar la Comisión que debe aconsejar a la presidenta, no se han constituido a la fecha, ni elegido su autoridades, ni lo harán conforme es público y notorio hasta el inicio de sus sesiones”.
Ocurre que la sesión preparatoria del Senado en la que deben definirse las nuevas autoridades está pautada para el 24 de febrero, y es ese día cuando también se estipulará el mecanismo de distribución de los cargos en las comisiones, que Diputados cerró el 3 de diciembre.
Fuente:lapoliticaonline.com
