Además de Tierra del Fuego, el acta fue rubricada por Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y San Juan; mientras que el pasado miércoles hicieron lo propio Mendoza, Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja.
A partir de este acuerdo, que tiene la finalidad de evitar la superposición de planes sociales, se procederá al intercambio de datos con el objetivo de facilitar los procesos de otorgamiento y de control de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social por parte de la Anses.
Por este motivo, la provincia deberá informar a la Administración Nacional de la Seguridad Social los beneficiarios de planes sociales, de empleo y de toda otra prestación no contributiva, del sistema de jubilaciones y de pensiones provincial; nómina de los empleados de la administración pública fueguina, su grupo familiar a cargo y de inscriptos en el registro civil; alumnos que concurren a establecimientos públicos y privados de enseñanza oficial; el cumplimiento del plan de vacunación de los niños y adolescentes y toda otra información que le fuera requerida para estos fines.
La asignación, que fue establecida por un Decreto de Necesidad y Urgencia por la Presidenta el pasado 29 de octubre, está destinada a aquellas familias que estén desocupadas o se desempeñen en la economía informal y perciban salarios inferiores al mínimo vital y móvil, quienes recibirán una suma mensual no remunerativa de $ 180 por hijo menor de 18 años y de $ 720 por hijo discapacitado.
El decreto impone dos condiciones para cobrar el derecho a la asignación en caso de niños hasta cuatro años de edad, el primero es que se cumplan con los controles sanitarios y el plan de vacunación obligatorio. Y desde los cinco años de edad y hasta los 18 años se deberá acreditar la concurrencia a establecimientos educativos.
