Ya en 2005, la Provincia de Buenos Aires registró un superávit primario (antes del pago de intereses) de apenas 13,6 millones de pesos, un 99% inferior a los 991 millones obtenidos en 2004. Pero luego del pago de los intereses, la principal provincia del país concluyó con un déficit financiero de 474,1 millones de pesos. También después de pagar los intereses, pasaron al rojo La Rioja, Chubut y Corrientes.
El «superávit cero» de este año se debería a que, por su peso en las cuentas totales, la Provincia de Buenos Aires podría concluir con un déficit primario de 500 millones de pesos que, tras el pago de intereses se elevaría a unos 1.200 millones de déficit financiero. En números consolidados, este rojo bonaerense sería compensado por las jurisdicciones con superávit.
Aún así, al ritmo actual de ingresos y gastos, y por el peso de los servicios de la deuda, «de no mediar medidas correctivas, posiblemente en 2007 vuelva el déficit», pronostican Javier Alvaredo y Manuel Sánchez Gómez, de MVA Macroeconomía. También Rogelio Frigerio, de Economía & Regiones, prevé que este año «si bien el ahorro primario seguirá siendo positivo, el ahorro financiero sería nulo».
¿Qué pasó?
Los superávits fiscales provinciales que se obtuvieron a partir de 2003 se basaron en el fuerte deterioro de los salarios porque, mientras la inflación después de la devaluación trepó al 50%, la masa salarial se mantuvo congelada. Por eso con la recuperación de los salarios y dado el peso que tiene la masa salarial en el gasto primario provincial (45% en 2005) – por las transferencias de docentes y personal de la salud-, ese superávit se fue esfumando.
«Sin embargo, en términos del Producto, las erogaciones en salarios todavía se encuentran algo por debajo del promedio registrado entre 1993 y 2001», admite el último Informe de Inflación del Banco Central de este trimestre.
Lo mismo dicen Alvaredo y Sánchez Gómez. «Si bien los salarios fueron la principal causa de la caída del superávit del último año, su nivel actual medido en porcentaje del PBI es todavía inferior a los últimos años previos a la crisis. También es inferior su participación en el gasto primario total, que alcanzó 55% en 2002-2002 y ahora se encuentra en el 45%».
¿Entonces, por qué el superávit tiende a desaparecer?
Pasado y presente
Desde el piso de la crisis, desde fines de 2002 en adelante, los ingresos provinciales vienen creciendo y en términos del PBI están en sus máximos históricos.
«La suba de los ingresos tiene que ver con el crecimiento de la recaudación tributaria propia y la recibida por coparticipación y demás leyes especiales, el incremento de las transferencias no automáticas de capital recibidas desde la Nación y, para algunas provincias en particular, las mayores regalías petroleras», dicen los especialistas de MVA Macroeconomía.
Sin embargo, la perfomance provincial es inferior a la recaudación nacional porque el Tesoro Nacional se benefició con los impuestos «estrella» creados durante la crisis. Las retenciones a las exportaciones – dolarizadas y a precios internacionales récords – no se reparten con las Provincias y lo hace en una proporción baja el impuesto a los débitos y créditos.
Por eso, a diferencia del pasado cuando con la recomendación del FMI presionaba por su reforma los gobiernos querían reformar la ley de Coparticipación Federal, ahora, sentado cómodamente sobre la Caja el Gobierno Nacional no tiene apuro en compartir, por ejemplo, los impuestos al comercio exterior que algunos califican de «anticipo del impuesto a las Ganancias, que sí es coparticipable».
Mientras la recaudación efectiva nacional (incluidos lo que se coparticipan) pasó entre 2002 y 2005 del 16,51 al 22,87% del PBI, la de las Provincias subió del 3,39 al 3,97%.
A esto se agrega, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, la licuación de parte de sus ingresos que provienen de la recaudación nacional.
«Una porción de sus recursos son una suma fija de 650 millones de pesos del impuesto a las Ganancias que no se actualizó desde la década pasada y se ve menguada por el efecto de la inflación». Si se hubiesen mantenido esos 650 millones como porcentaje de los fondos recibidos, Alvaredo y Sánchez Gómez aseguran que en 2005 las arcas bonaerenses habrían recibido 2.150 millones de pesos.
Dante Sica, de la consultora Abeceb destaca que hubo un incremento de los giros no automáticos o discrecionales de la Nación a las Provincias. Y asegura que «es probable que esos recursos discrecionales continúen incrementándose y no se registren avances en términos de la reforma del Régimen de Coparticipación Federal».
Del lado de los gastos, hubo un fuerte incremento de la inversión en obra pública, que compensó en parte la menor inversión privada. Según el Estudio Broda, los gastos de capital pasaron de 2.408 millones de pesos en 2002 a 11.600 millones en 2005. Y treparían este año a unos 16.000 millones de pesos.
«El gasto en obra pública presenta una expansión superior a la del gasto en personal», reconoce Rogelio Frigerio. Y agrega: «este impulso para realizar obras públicas ha generado que su participación en el gasto primario se ubique por encima del promedio registrado durante la convertibilidad. Este incremento de las erogaciones de las Provincias no es injustificado, dada la licuación de los salarios reales de los empleados estatales en el actual contexto inflacionario y las concretas defi ciencias en infraestructura de las provincias, principalmente en materia de vías de comunicación y complejos habitacionales».
Por su parte, Alvaredo y Sánchez Gómez sostienen que «el gasto de capital continuó ganando participación en el gasto primario total, pasando de representar el 10% en 2001 a más del 25% en 2005».
Aún así, el punto más conflictivo es el endeudamiento provincial y el peso de los servicios de la deuda. La deuda pública provincial, que suma los 78.500 millones de pesos, equivalente a más del 100% de los ingresos tributarios provinciales anuales, tiene una estructura de vencimientos muy cercana. Y tras el default y la reestructuración, en un 70% está en manos del Gobierno Nacional, en pesos, ajustables por CER.
Deudas y amortizaciones
Las provincias más endeudadas, con relación a sus ingresos, son Formosa, Jujuy, Chaco y Río Negro, y en una posición más holgada se ubican San Luis, Santa Cruz y La Pampa.
Si bien en 2005, tras el pago de intereses, las Provincias quedaron con un superávit financiero de 1.759 millones de pesos, esa cifra no alcanzó para cubrir el total de las amortizaciones ( 6.555 millones) «por lo que el faltante debió ser atendido con excedentes de ejercicios anteriores y la concertación de nuevo endeudamiento bajo el Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial», dice Frigerio.
Para 2006, «proyectando un ahorro financiero prácticamente nulo, se registraría un faltante de 7.000 millones de pesos para atender las amortizaciones de la deuda pública, monto que las provincias deberían reunir solicitando nuevo endeudamiento», agrega.
En parte, el Gobierno Nacional comenzó a reconocer esta dinámica de la deuda provincial y dejó de aplicar el CER al nuevo financiamiento, elevando del 2 al 6% la tasa nominal sobre los saldos adeudados. Además, el PFO, con vencimientos promedio de 2-3 años, está siendo sustituido por el PAF (Programa de Asistencia Financiera), que, además de no regir el CER, tiene una duración de 7 años.
«Del mismo modo, por ahora no se exigirá el cumplimiento del articulo 21 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece que los servicios de la deuda no pueden exceder el 15% de los ingresos corrientes netos de transferencias a municipios», asegura Frigerio.
A pesar de estas medidas, Frigerio opina que «la eliminación del CER a una pequeña parte del financiamiento (alrededor del 6% del stock) no resulta suficiente». Y como prueba dice que en 2006, las provincias deberán pagar 6.100 millones de pesos entre intereses y amortizaciones con el Gobierno Nacional. Y en 2007 los servicios aumentarían a 6.600 millones.
La conclusión de Frigerio es que «si se pretende encontrar una solución definitiva al problema de la deuda provincial, la refinanciación de las deudas con el Gobierno Nacional requiere, además, de una ampliación de los plazos de vencimiento y un significativo plazo de gracia para la amortización de capital».
El problema es que el Gobierno nacional tiene también que hacer frente al pago de su propia deuda. De este modo, refinanciarles a las Provincias lo que deben, le resta capacidad financiera al Tesoro Nacional.
Todo esto, además, tiene su costado político. En un sistema que tiene poco de federal, con el 70% de sus deudas con la Nación y con las necesidades de nuevo financiamiento por parte del Tesoro Nacional, se acentúa la dependencia de los Gobernadores de la Casa Rosada.
Una luz amarilla para las finanzas provinciales
Este año habrá superávit cero. Y de no mediar cambios, las cuentas provinciales consolidadas podrían volver a ser deficitarias en 2007.
Ismael Bermúdez.
ibermudez@clarin.com
Este año las cuentas provinciales consolidadas cerrarán sin superávit. Y de mantenerse el actual estado de cosas volverían a tener déficit el próximo año.
Ya en 2005, la Provincia de Buenos Aires registró un superávit primario (antes del pago de intereses) de apenas 13,6 millones de pesos, un 99% inferior a los 991 millones obtenidos en 2004. Pero luego del pago de los intereses, la principal provincia del país concluyó con un déficit financiero de 474,1 millones de pesos. También después de pagar los intereses, pasaron al rojo La Rioja, Chubut y Corrientes.
El «superávit cero» de este año se debería a que, por su peso en las cuentas totales, la Provincia de Buenos Aires podría concluir con un déficit primario de 500 millones de pesos que, tras el pago de intereses se elevaría a unos 1.200 millones de déficit financiero. En números consolidados, este rojo bonaerense sería compensado por las jurisdicciones con superávit.
Aún así, al ritmo actual de ingresos y gastos, y por el peso de los servicios de la deuda, «de no mediar medidas correctivas, posiblemente en 2007 vuelva el déficit», pronostican Javier Alvaredo y Manuel Sánchez Gómez, de MVA Macroeconomía. También Rogelio Frigerio, de Economía & Regiones, prevé que este año «si bien el ahorro primario seguirá siendo positivo, el ahorro financiero sería nulo».
¿Qué pasó?
Los superávits fiscales provinciales que se obtuvieron a partir de 2003 se basaron en el fuerte deterioro de los salarios porque, mientras la inflación después de la devaluación trepó al 50%, la masa salarial se mantuvo congelada. Por eso con la recuperación de los salarios y dado el peso que tiene la masa salarial en el gasto primario provincial (45% en 2005) – por las transferencias de docentes y personal de la salud-, ese superávit se fue esfumando.
«Sin embargo, en términos del Producto, las erogaciones en salarios todavía se encuentran algo por debajo del promedio registrado entre 1993 y 2001», admite el último Informe de Inflación del Banco Central de este trimestre.
Lo mismo dicen Alvaredo y Sánchez Gómez. «Si bien los salarios fueron la principal causa de la caída del superávit del último año, su nivel actual medido en porcentaje del PBI es todavía inferior a los últimos años previos a la crisis. También es inferior su participación en el gasto primario total, que alcanzó 55% en 2002-2002 y ahora se encuentra en el 45%».
¿Entonces, por qué el superávit tiende a desaparecer?
Pasado y presente
Desde el piso de la crisis, desde fines de 2002 en adelante, los ingresos provinciales vienen creciendo y en términos del PBI están en sus máximos históricos.
«La suba de los ingresos tiene que ver con el crecimiento de la recaudación tributaria propia y la recibida por coparticipación y demás leyes especiales, el incremento de las transferencias no automáticas de capital recibidas desde la Nación y, para algunas provincias en particular, las mayores regalías petroleras», dicen los especialistas de MVA Macroeconomía.
Sin embargo, la perfomance provincial es inferior a la recaudación nacional porque el Tesoro Nacional se benefició con los impuestos «estrella» creados durante la crisis. Las retenciones a las exportaciones – dolarizadas y a precios internacionales récords – no se reparten con las Provincias y lo hace en una proporción baja el impuesto a los débitos y créditos.
Por eso, a diferencia del pasado cuando con la recomendación del FMI presionaba por su reforma los gobiernos querían reformar la ley de Coparticipación Federal, ahora, sentado cómodamente sobre la Caja el Gobierno Nacional no tiene apuro en compartir, por ejemplo, los impuestos al comercio exterior que algunos califican de «anticipo del impuesto a las Ganancias, que sí es coparticipable».
Mientras la recaudación efectiva nacional (incluidos lo que se coparticipan) pasó entre 2002 y 2005 del 16,51 al 22,87% del PBI, la de las Provincias subió del 3,39 al 3,97%.
A esto se agrega, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, la licuación de parte de sus ingresos que provienen de la recaudación nacional.
«Una porción de sus recursos son una suma fija de 650 millones de pesos del impuesto a las Ganancias que no se actualizó desde la década pasada y se ve menguada por el efecto de la inflación». Si se hubiesen mantenido esos 650 millones como porcentaje de los fondos recibidos, Alvaredo y Sánchez Gómez aseguran que en 2005 las arcas bonaerenses habrían recibido 2.150 millones de pesos.
Dante Sica, de la consultora Abeceb destaca que hubo un incremento de los giros no automáticos o discrecionales de la Nación a las Provincias. Y asegura que «es probable que esos recursos discrecionales continúen incrementándose y no se registren avances en términos de la reforma del Régimen de Coparticipación Federal».
Del lado de los gastos, hubo un fuerte incremento de la inversión en obra pública, que compensó en parte la menor inversión privada. Según el Estudio Broda, los gastos de capital pasaron de 2.408 millones de pesos en 2002 a 11.600 millones en 2005. Y treparían este año a unos 16.000 millones de pesos.
«El gasto en obra pública presenta una expansión superior a la del gasto en personal», reconoce Rogelio Frigerio. Y agrega: «este impulso para realizar obras públicas ha generado que su participación en el gasto primario se ubique por encima del promedio registrado durante la convertibilidad. Este incremento de las erogaciones de las Provincias no es injustificado, dada la licuación de los salarios reales de los empleados estatales en el actual contexto inflacionario y las concretas defi ciencias en infraestructura de las provincias, principalmente en materia de vías de comunicación y complejos habitacionales».
Por su parte, Alvaredo y Sánchez Gómez sostienen que «el gasto de capital continuó ganando participación en el gasto primario total, pasando de representar el 10% en 2001 a más del 25% en 2005».
Aún así, el punto más conflictivo es el endeudamiento provincial y el peso de los servicios de la deuda. La deuda pública provincial, que suma los 78.500 millones de pesos, equivalente a más del 100% de los ingresos tributarios provinciales anuales, tiene una estructura de vencimientos muy cercana. Y tras el default y la reestructuración, en un 70% está en manos del Gobierno Nacional, en pesos, ajustables por CER.
Deudas y amortizaciones
Las provincias más endeudadas, con relación a sus ingresos, son Formosa, Jujuy, Chaco y Río Negro, y en una posición más holgada se ubican San Luis, Santa Cruz y La Pampa.
Si bien en 2005, tras el pago de intereses, las Provincias quedaron con un superávit financiero de 1.759 millones de pesos, esa cifra no alcanzó para cubrir el total de las amortizaciones ( 6.555 millones) «por lo que el faltante debió ser atendido con excedentes de ejercicios anteriores y la concertación de nuevo endeudamiento bajo el Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial», dice Frigerio.
Para 2006, «proyectando un ahorro financiero prácticamente nulo, se registraría un faltante de 7.000 millones de pesos para atender las amortizaciones de la deuda pública, monto que las provincias deberían reunir solicitando nuevo endeudamiento», agrega.
En parte, el Gobierno Nacional comenzó a reconocer esta dinámica de la deuda provincial y dejó de aplicar el CER al nuevo financiamiento, elevando del 2 al 6% la tasa nominal sobre los saldos adeudados. Además, el PFO, con vencimientos promedio de 2-3 años, está siendo sustituido por el PAF (Programa de Asistencia Financiera), que, además de no regir el CER, tiene una duración de 7 años.
«Del mismo modo, por ahora no se exigirá el cumplimiento del articulo 21 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece que los servicios de la deuda no pueden exceder el 15% de los ingresos corrientes netos de transferencias a municipios», asegura Frigerio.
A pesar de estas medidas, Frigerio opina que «la eliminación del CER a una pequeña parte del financiamiento (alrededor del 6% del stock) no resulta suficiente». Y como prueba dice que en 2006, las provincias deberán pagar 6.100 millones de pesos entre intereses y amortizaciones con el Gobierno Nacional. Y en 2007 los servicios aumentarían a 6.600 millones.
La conclusión de Frigerio es que «si se pretende encontrar una solución definitiva al problema de la deuda provincial, la refinanciación de las deudas con el Gobierno Nacional requiere, además, de una ampliación de los plazos de vencimiento y un significativo plazo de gracia para la amortización de capital».
El problema es que el Gobierno nacional tiene también que hacer frente al pago de su propia deuda. De este modo, refinanciarles a las Provincias lo que deben, le resta capacidad financiera al Tesoro Nacional.
Todo esto, además, tiene su costado político. En un sistema que tiene poco de federal, con el 70% de sus deudas con la Nación y con las necesidades de nuevo financiamiento por parte del Tesoro Nacional, se acentúa la dependencia de los Gobernadores de la Casa Rosada.
El papel de los bancos públicos
El Banco Central resolvió disminuir, a partir del 1ø de julio de 2007, al 35% de los activos, el tope máximo permitido de asistencia financiera en títulos, préstamos o adelantos de los bancos al sector público nacional, provincial y municipal.
La decisión encuentra a la banca provincial – 10 entidades- en la posición más débil para seguir financiando a sus Provincias.
Nadin Argañaraz, de la Fundación Mediterránea, estima que los bancos públicos provinciales y municipales tienen el 40% de sus activos en el sector público.
«Esto no implica – aclara- que los bancos públicos provinciales deban reducir los préstamos al sector público de manera absoluta. La posibilidad de incrementar la asistencia al sector público dependerá de la magnitud que aumente el activo».
Sin embargo, Argañaraz prende una luz de alerta para los bancos públicos provinciales y dice: «en momentos como el actual, en el que se encuentra candente la discusión acerca de cómo cerrarán las cuentas de los Estados provinciales en 2006, se plantea el desafío de cómo se van a manejar los bancos públicos provinciales en un escenario en donde las finanzas de algunas provincias se encuentran en algún modo comprometidas».
Por otro lado, por la mayor recaudación de los impuestos no coparticipables, fueron creciendo los giros no automáticos del Tesoro Nacional a las Provincias. Estos movimientos de cuenta son también conocidos como «transferencias discrecionales de la Nación».
La consultora Abeceb estimó que «en los últimos años se elevó la participación de las transferencias discrecionales ubicándose por encima del 30% de los giros automáticos, mientras que entre 1998-2002 dicho coeficiente fue del 21%». La conclusión es que «esto indica la mayor incidencia de las decisiones nacionales sobre las cuentas de los gobiernos subnacionales».
Abeceb también dice que si se suma la necesidad de las provincias de refinanciar sus deudas con la Nación, el Gobierno queda colocado «en una posición de firmeza relativa frente a las Provincias».
Todo esto ya tiene su impacto político entre los Gobernadores de cara a las elecciones de 2007.
Puntos de vista
Rogelio Frigerio
Para 2006 se registraría un faltante de $7.000 millones para atender las amortizaciones de la deuda pública provincial.
Dante Sica
Hubo un aumento de los giros no automáticos o discrecionales de la Nación a las Provincias. Es probable que esos recursos sigan en alza.
Javier Alvaredo
El gasto de capital continuó ganando participación en el gasto primario total, pasando del 10% en 2001 a más del 25% en 2005.
