El oficialismo en la Cámara baja espera cumplir con el trámite de aprobar el proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, sin mayor dificultad.
Aunque se espera un áspero debate durante la sesión prevista para las 15, el kirchnerismo confía en sumar 140 manos levantadas en apoyo a la polémica iniciativa.
Más voluntades. Además de los votos positivos de unos 110 diputados del Frente para la Victoria (no se esperan más que uno o dos rebeldes de última hora), apoyarán el dictamen que proviene del Senado 15 legisladores del Peronismo Federal, que encabeza el bonaerense José María Díaz Bancalari; monobloques como los que integran Paola Spátola (Guardia Peronista), Eduardo Lorenzo Borocotó (Independiente) o Ricardo Wilder (FUP-Tierra del Fugo); varios radicales que responden a los gobernadores que tienen buena sintonía con la Casa Rosada, y diputados del Partido Nuevo, del intendente cordobés Luis Juez.
El proyecto cuenta con el rechazo de un amplio arco opositor que ya anticipó que no prestará colaboración para reunir quórum, y que sólo cuando el oficialismo consiga por si solo el número necesario, ingresarán en el recinto.
Sin estrategia. Desde la alianza Pro, de Mauricio Macri, y desde ARI, de Elisa Carrió, estudian radicar denuncias judiciales contra la norma, que definen como la intención del Gobierno de lograr «la suma del poder público», aunque hasta el momento no hay consenso en ambos bloques -ni tampoco en el sector opositor del radicalismo- sobre la mejor estrategia por seguir.
Qué dice el proyecto
De aprobarse la iniciativa oficial, que modifica el artículo 37 de la ley de administración financiera, Alberto Fernández y todos los jefes de Gabinete que lo sucedan adquirirán amplias atribuciones para modificar el presupuesto.
Podrán cambiar gastos corrientes, de capital, aplicaciones financieras, así como la distribución de las finalidades, que son la administración gubernamental, los servicios de defensa y seguridad, los sociales, los económicos y la deuda pública.
El jefe de Gabinete quedará además exceptuado de una restricción establecida por la ley actual: podrá aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes, en detrimento de los de capital o de las aplicaciones financieras.
Al Congreso sólo quedarán reservadas las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el de endeudamiento.
