Según pudo saber LA NACION, por lo menos tres juzgados federales tienen causas vinculadas con estas renegociaciones y esperaban la información de la AGN para avanzar en la investigación. Uno es el juzgado federal número 9, a cargo del juez Octavio Aráoz de la Madrid; el otro, el juzgado federal número 5 (de Norberto Oyarbide), y el tercero, el juzgado federal número 3 (de Daniel Rafecas). Las causas no son iguales. En algunos casos se investiga un eventual fraude al Estado, y en otros, el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los informes de la AGN sostienen que el Gobierno renegoció contratos de peaje con empresas que tenían una deuda con el Estado por 824 millones de pesos por incumplimiento de obras. Plantea que las renegociaciones se hicieron con carácter de “muy urgente” y sin hacer verificaciones previas para determinar si los concesionarios mantenían deudas por el pago de impuestos, tasas y servicios. Estas renegociaciones, según el informe de la AGN, sufrieron modificaciones con posterioridad a la adjudicación, cuando se encontraba vigente el contrato de concesión.
Entre las irregularidades en las adjudicaciones se determinó que el Gobierno buscó el mejor precio y no el mejor oferente, como indica la doctrina.
El primer informe de la AGN remitido a la Justicia planteó graves cuestionamientos respecto de la situación previa a la renegociación de los contratos y especificó:
En materia de bienes muebles «se destacan inventarios desactualizados o incompletos y falta de criterio sobre el universo a inventariar». Y en cuanto a los inmuebles dados en comodato, «falta de control en el mantenimiento y conservación».
«No se hicieron verificaciones para determinar si los concesionarios mantenían deudas por el pago de impuestos, tasas y servicios al momento de la recepción de los inmuebles dados en comodato.»
Según el informe de la AGN, el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) verificó una deuda que tenían los concesionarios con el Estado nacional al 31 de octubre de 2003 por $ 824 millones en concepto de incumplimiento de obras, índices de estado y penalidades.
Este órgano de control está a cargo del Ministerio de Planificación Federal. Sobre este punto resulta llamativo que la Unidad de Renegociación de Contratos (Unirem), que depende de los ministerios de Economía y de Planificación, al momento de evaluar las renegociaciones no sólo determinó que las empresas no debían $ 824 millones al Estado, sino que además estableció que eran acreedoras de $22 millones por parte del Gobierno. El tema nunca se saldó, pero igualmente se avanzó con las renegociaciones.
El titular del Occovi es Claudio Uberti, quien responde directamente al ministro de Planificación Federal. La Unirem está dirigida por Gustavo Simeonoff y responde tanto a Economía como a Planificación.
Sin respuesta
LA NACION intentó contar con explicaciones del ministro De Vido por estos informes de la AGN, pero no fue posible. La semana última, el vocero de De Vido, Alfredo Scochimarro, dijo que contestaría un e-mail que LA NACION le había enviado con el respectivo requerimiento, pero no contestó.
Por otra parte, fuentes parlamentarias confiables destacaron a LA NACION que en las renegociaciones se vio la reiteración de empresas, de nombres y de accionistas de empresas que tenían deudas con el Estado y que luego aparecieron como ganadores de licitaciones con otros nombres o con los directorios modificados.
El segundo informe de la AGN menciona que en las renegociaciones de contratos de peajes se observaron las siguientes irregularidades:
* A las nuevas concesiones se dio carácter de «muy urgente» a toda tramitación, cualquiera que fuere la etapa del proceso licitatorio.
* En la selección y adjudicación, la AGN obtuvo evidencias de que en la selección se empleó el criterio de mejor precio y no de mejor oferta. Ello fue cuestionado por entender que no siempre asegura el mejor oferente.
* El diseño de las licitaciones posibilitó «modificaciones a los pliegos y al texto del contrato durante el desarrollo del proceso licitatorio». En cuanto a esto, la AGN determinó que «ello no se condice con los principios de concurrencia e igualdad que debe regir todo proceso de selección».
También se encontró que hubo modificaciones a los pliegos presentados por algunos oferentes con posterioridad a la adjudicación y que se encontraba vigente el contrato de concesión.
La AGN elevó estos datos a la Justicia, que investiga causas vinculadas con la concesión de obras públicas y el comportamiento del Occovi. Sucede que la Auditoría no puede ser querellante en una causa, pero sí aportar datos para una investigación.
El tema se investiga también en la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, donde el oficialismo cuenta con mayoría.
Por Martín Dinatale
De la Redacción de LA NACION
