*Dr Eduardo Barcesat: «El fondo de asistencia laboral es una rapiña de los fondos de jubilados y pensionados»

Rio Grande 02/04/2026.- El Dr Eduardo Barcesat en dialogo exclusivo con Resumen Económico, en Radio Provincia celebró la suspensión de la aplicación de la ley de reforma laboral la que cuenta con 82 artículos inconstitucionales, señaló ademas que » ingresaremos en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que es un órgano del Ministerio Público Fiscal, que depende directamente del Procurador General de la Nación, una denuncia penal por lo que han hecho con la creación de este fondo de asistencia laboral, que es realmente una rapiña de los fondos de jubilados y pensionados». Tambien sostuvo que la privatización del Puerto de Ushuaia, es el paso previo a la entrega, para la construcción de una base militar de Estados Unidos como la existente en Malvinas.

Bien, doctor, bueno, quería consultarle porque, bueno, finalmente se ha parado por un tiempo determinado, digamos, esta reforma laboral, donde la justicia ha encontrado 82 artículos inconstitucionales.
¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, lo que ha dictado es una medida cautelar, por la verosimilitud del derecho por el que se promovió la acción declarativa de certeza por parte de la CGT.

Es decir, no es una sentencia definitiva, es una medida cautelar.

Habrá que esperar también el pronunciamiento de Cámara, porque supongo que el Estado Nacional lo va a apelar, pero el fallo, de muy buena fundamentación, sólido y creo que abre camino a otras presentaciones.

Puedo ya anunciar que el día de mañana ingresaremos en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que es un órgano del Ministerio Público Fiscal, que depende directamente del Procurador General de la Nación, una denuncia penal por lo que han hecho con la creación de este fondo de asistencia laboral, que es realmente una rapiña de los fondos de jubilados y pensionados, destinados a ponerlo en la timba financiera, en beneficio, como siempre, de las empresas que se dedican a estos bajos menesteres, y en detrimento de las seguridades que pueden tener jubilados y pensionados de contar con respaldo para el pago de sus saberes.

Bueno, Que se siga una retahíla de demandas contra esta ley laboral, cuyo único artículo válido, lo he dicho con cierto sentido del humor, es el artículo de forma, el último, comuníquese al Poder Ejecutivo, promúlguese, etc.

Es el único.

El resto, todos son lesivos de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales de derechos humanos y de las convenciones de la OIT de protección de la dignidad del trabajo.

Lo primero que viola, doctor, es la Constitución Nacional, en los artículos 14 y 14 bis.

A partir de ahí es todo en.

Constitucional, bueno, groseramente inconstitucional, y quebranta el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, y muy especialmente cuando se trata de la dignidad del trabajo y de las condiciones de prestación del contrato de trabajo.

Así que uno se pregunta, ¿Para qué tenemos una estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino, cuyo vértice es la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, que categóricamente inhiben la regresividad en materia de los derechos reconocidos en sus respectivos plexos normativos?
Esto ofende la razón de que se piense que por una ley que ha sido vaya a saber con qué teje, si maneje y con qué distorsión de los reglamentos respectivos de ambas cámaras, ha sido aprobada.

Es cierto, pero de ninguna manera se puede aprobar nada que vaya contra el texto de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos.

A mayor abundamiento voy a decir, y lo puede verificar cualquier miembro de la audiencia, que el Código Civil y Comercial de la Nación establece que todo derecho contenido en ese código debe validarse en los tratados internacionales de derechos humanos y en el texto de la Constitución Nacional.
Bueno, creo que está más que claro de que dictar una legislación regresiva es desobedecer la manda de la Ley Suprema de la Nación y por lo tanto, tarea de los jueces verificar su falta de legalidad y su falta de razonabilidad y en función de ello declarar la inconstitucionalidad.
Resultará paradojal, pero un gobierno que dijo que vamos a terminar con la industria del juicio laboral con esta malhada ley, lo que ha provocado es una catarata de presentaciones judiciales para impugnar aquello que es lesivo de la Ley Suprema de la Nación y que controvierte, choca con la cláusula señera que se incorporó en la reforma constitucional del año 94 del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que no solo se aplica cuando hay golpe de Estado, como los que han enseñorado en nuestra historia institucional, para nuestra desgracia, también se debe aplicar cuando un poder con legitimidad de origen quebranta los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiarlos de los otros poderes del gobierno federal.
Es más que evidente que estamos frente a un Congreso de la Nación que en su conjunto está doblegado y que se sintetiza en la expresión que dio el propio gobierno Javier Milei, que dijo mis proyectos de ley se votan primero afirmativamente y se leen después.
Es decir, no hay espacio para debatir, para la confrontación de proyecto, ni siquiera para que se ejerza, que lo debería hacer el Congreso, el control de constitucionalidad del proyecto.

Esto que yo digo sobre la vigencia de las disposiciones de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, obviamente que no es invento de uno, está claro.

Lo que sucede es que estos se creen, al igual que Trump, están por sobre la legislación, son verdaderos señores feudales y lo hacen para restablecer, o intentarlo al menos, relaciones de trabajo feudales, donde el tiempo y los conocimientos de los trabajadores está en manos de quien los emplea y que puede hacer y deshacer a su gusto y conveniencia, sin atender a la condición de dignidad que debe investir el trabajo.
Doctor, ¿Cómo puede ser que teniendo tanto, tanto, tanto de inconstitucional este proyecto, haya habido cámaras de comercio, por ejemplo, que hayan pedido su aprobación, haya habido empresarios que hayan pedido su aprobación, sabiendo que, como usted dice, se exponían a una catarata de juicios laborales?
¿Fue desconocimiento?

¿Sabían que si esta ley se aplicaba, iban a poder despedir gente con mayor facilidad y pagando menos?

¿Cuál sería el argumento?

Yo creo que hay una sola explicación de esto, y es el resultado electoral de octubre del 2025, que por el apoyo o chantaje explícito de Donald Trump de bueno, le voy a dar una ayuda económica para que no caigan ya en default, si es que el gobierno electo es el de mi amigo Javier Milei, bueno, esto es lo que anima a pensar que si Trump lo cobija y apoya, bueno, entonces cualquier porquería o inmundicia institucional puede ser ley de la Nación.

Pero bueno, yo creo que tenemos resortes que no solo se agotan en las denuncias penales y acciones contencioso administrativas y laborales para impugnar este proyecto, sino que puede mediar un pedido de juicio político que contemple la prepotencia de estas expresiones, que no son baladías, son expresión de yo soy el que manda, me importa tres pepinos, la estructura del orden jurídico positivo argentino, los compromisos internacionales.

Fíjense que estamos llegando a la situación absurda de que nos estamos aliando con alguien.

Trump, que desconozco toda la normativa internacional y sus autoridades, peor aún, le ha prohibido el ingreso al territorio de Estados Unidos de los integrantes de la Corte Penal Internacional, Les ha vedado el uso de las tarjetas de crédito.

A este grado de miserabilidad humana han llegado para extorsionarlo, para que se dobleguen.

Y con nosotros no fue menor la amenaza.
Y como me votan a mi ley, olvídense del préstamo y de cualquier otra ayuda financiera.

Bueno, ¿Qué es lo que estamos entregando para esta ayuda financiera?

Térpalo el pueblo de la Nación y particularmente Tierra del Fuego, que es una de las provincias con mayor riqueza, riqueza y recursos naturales es lo que estamos entregando.

Estamos entregando territorio de la Nación Argentina, estamos entregando el agua potable, las reservas que tenemos en nuestros glaciares y en el Acuífero Guaraní, estamos entregando los minerales estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico y con ello las tierras también con aptitud rural y con valor paisajístico.

Y si no, fíjense en lo que está ocurriendo en las provincias patagónicas.
Primero los incendios para devastar los terrenos y luego la entrega importantes porciones del territorio para constituir comunidades extranjeras en territorio argentino.
10.000 Hectáreas confirmadas a los Emiratos Árabes.
Bueno, todo esto lesiona la Ley de protección del dominio nacional sobre las tierras rurales, que primero se abatió sobre ella una disposición del decreto 70 DNU 70 23, que es el que inicia el descalabro institucional, está suspendido y particularmente en lo que hace a lo de las tierras rurales.
Pero mientras tanto ellos avanzan con la convicción de que cuando la Corte Suprema se pronuncie, lo va a hacer a favor de la derogación de esta ley que fue votada, es así, hay que decirlo con toda fuerza, fue votada por amplia mayoría, casi unanimidad, hubo pocas abstenciones en ambas cámaras del Congreso de la nación.

Y ahora, cuando más necesitamos de ella para la protección de nuestras riquezas y recursos naturales, lo está entregando a dos manos, a mansalva, para con esto cubrir la impagable deuda externa argentina.

A Estados Unidos no le interesa que le devolvamos los dólares, que son los que ellos fabrican, lo que les interesa son las riquezas y recursos naturales, que por supuesto no los tienen en la suficiente abundancia para su proyecto imperial y por eso necesitan del abastecimiento del continente suramericano, que es el más pródigo en riquezas y recursos naturales en comparación con los otros sitios geográficos.

Esta es nuestra triste realidad y pienso que esto solo tiene una alternativa institucional, que es el juicio político al Presidente y la runfla que lo acompaña, para que podamos restablecer, primer paso, la institucionalidad de la Nación Argentina y y con ella de seguido, la economía maltratada, destruida la industria nacional, empobrecido el comercio y la calidad de vida del conjunto o de las grandes mayorías, cuando menos del pueblo argentino.

La última.

Doctor Con respecto, ¿Qué opina de la intervención del puerto de Ushuaia?
¿Usted cree que forma parte de esta entrega a la que usted hacía mención recién?
Ninguna duda, ninguna duda.

Lamento que la acción que promovió el gobernador con una presentación ante juzgado de primera instancia haya sido motivo de mofa judicial, pero debo decir, porque bueno, debe ser también de conocimiento de usted que el ex administrador del Puerto de Ushuaia sí promovió una medida cautelar suspensiva de esa intervención con los fundamentos y con la jerarquía que debe tener una presentación judicial, pero parece mentira, parece mentira que el gobierno ya volado gobierno provincial, por debajo de la calidad institucional, el ex jefe o director de Puerto de Ushuaia, bueno, enhorabuena que el director haya hecho una presentación como corresponde y aguardo que andando la misma pueda revertirse la entrega de este puerto estratégico que por supuesto le interesa al gobierno nacional, no para inmiscuirse en los negocios pesqueros, sino fundamentalmente para establecer una base naval militar, con lo que ya vamos a tener la base existente, la base militar en territorio de las Islas Malvinas usurpado, más la explotación que están haciendo de nuestra riqueza y recursos naturales, minerales, pesca y ahora sumar la propia isla de Tierra del Fuego a la desposesión del pueblo fueguino de esas riquezas y recursos naturales que por el artículo 124 de la Constitución Nacional son del dominio originario de la provincia, que por supuesto no ha sido ni consultada ni cosas por el estilo, sino pisoteada con la prepotencia habitual del gobierno nacional.

Bueno, hay que emprender esta batalla por la vía institucional del juicio político y de las acciones judiciales, penales y contencioso administrativo para enervar lo que el Congreso de la Nación no ha sabido preservar.
Era el doctor Eduardo Barcesat, constitucionalista.
  • * Eduardo Salvador Barcesat es un reconocido abogado constitucionalista argentino, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular consulto en Filosofía del Derecho y especialista en Derechos Humanos. Ha sido asesor de Abuelas de Plaza de Mayo y convencional constituyente en la reforma constitucional de 1994.

Perfil Académico

  • Formación: Abogado (UBA, 1962) y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UBA, 1967).
  • Docencia: Profesor Titular Consulto en Teoría General y Filosofía del Derecho, y profesor de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales en la Facultad de Derecho de la UBA.
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