Alejandro Miró Quesada había llegado al país presidiendo una delegación integrada entre otros por Robert Cox, el mítico director del Buenos Aires Herald durante la dictadura. Y sus consejos tenían relación con lo que habían encontrado en la Argentina: un poder político que había hecho de la publicidad oficial una herramienta para premiar a los medios oficialistas y castigar a los críticos.
Seguimos sus consejos. Un año después se le pidió a la Justicia que interviniera para evitar que el Gobierno siguiera discriminando al diario Perfil y a las revistas Noticias y Fortuna, todas de esta editorial.
Éramos conscientes de que un proceso judicial de esas características llevaría años y que podía transformarse casi en antieconómico para una editorial que vive fundamentalmente de los precios de tapa que pagan sus lectores y de los avisos de los anunciantes privados. También sabíamos que una vez que se conociera el inicio de esa querella, el Gobierno redoblaría su actitud discriminatoria, incluso presionando a los anunciantes privados de dejar de publicar en nuestros medios.
La actitud del Gobierno fue la esperada y la de los lectores y anunciantes también: el castigo por un lado y el apoyo de siempre por el otro.
El fallo de la Corte es trascendente por el mensaje institucional que envía frente a las administraciones que usan los fondos públicos con fines políticos. No se trata sólo del Gobierno nacional. La misma estrategia de premiar y castigar con dinero ajeno la usan gobernadores e intendentes de distinto signo ideológico.
Este fallo también es un punto de partida para que la publicidad oficial cumpla con el objetivo de difundir actividades y gestión (campañas sanitarias, educativas, impositivas, licitaciones, etc.) y deje de ser un garrote económico como el que durante tantos años llevó al cierre de medios independientes u obligó a otros a ceder su línea editorial a los designios de la Secretaría de Medios.
Por Gustavo González (*) | 02.03.2011 | 19:45
(*) Director periodístico de Editorial Perfil.
