El Poder Ejecutivo dispuso una nueva prórroga en la aplicación de los aumentos previstos para los impuestos a los combustibles. A través del Decreto 699/2025, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei, junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, resolvieron diferir nuevamente la entrada en vigencia de las actualizaciones correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono.
La decisión modifica el Decreto 617/2025, que había postergado parcialmente la aplicación de los incrementos pendientes hasta el 1° de octubre. Con la nueva norma, el cronograma se extiende un mes más: los aumentos comenzarán a regir recién a partir del 1° de noviembre de 2025. De esta manera, el Gobierno busca evitar un impacto inmediato en los precios de las naftas y el gasoil, dos productos claves en la formación de costos de toda la economía.
El marco legal de estos tributos se encuentra en la Ley 23.966, que establece que deben actualizarse trimestralmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. Esa actualización automática rige desde 2018, pero desde entonces los sucesivos gobiernos dispusieron postergaciones para atenuar su traslado directo a los surtidores. El Decreto 501/2018 había reglamentado este mecanismo, determinando que la entonces AFIP —hoy transformada en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero — fuera la encargada de aplicar los ajustes en enero, abril, julio y octubre de cada año.
En la práctica, cada diferimiento significa que los montos impositivos fijados en pesos por litro no acompañan de manera inmediata la inflación acumulada. Por eso, cuando finalmente se aplican, el salto suele ser mayor. El Decreto 699/2025 vuelve a posponer ese impacto, esta vez por un mes más, bajo el argumento de consolidar la recuperación económica en curso y dar previsibilidad a los sectores productivos y consumidores en general.
El texto firmado por el Presidente y sus ministros destaca que el objetivo es “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. En otras palabras, el Gobierno reconoce que la actualización plena de los impuestos podría tener un efecto inflacionario adicional, al impactar directamente en el precio de los combustibles, que a su vez inciden en transporte, logística y bienes de consumo.
El esquema vigente contempla un diferencial en el impuesto sobre el gasoil para las provincias de la Patagonia, Neuquén, La Pampa y algunos departamentos de Buenos Aires y Mendoza, con el fin de morigerar el costo del combustible en zonas donde las distancias son más extensas y la movilidad resulta esencial para la actividad económica. Esa condición se mantiene sin cambios en la nueva norma.
La postergación actual se suma a una larga serie de decisiones similares. Desde 2018, las actualizaciones trimestrales del ICL y el IDC fueron prorrogadas en varias oportunidades, tanto durante la gestión de Mauricio Macri como en la de Alberto Fernández y ahora en la de Javier Milei. En todos los casos, la motivación principal fue evitar subas bruscas en los precios en el surtidor.
Fuente: Surtidores
