La Dra. Ana Carro, síndica de Terra Ignis removida en una asamblea extraordinaria, pero todavía en funciones, dio detalles del dictamen del Fiscal de Estado al que decidió recurrir ante los incumplimientos de la empresa estatal y también para resguardarse de futuras acciones judiciales, siendo todavía responsable del control de la sociedad estatal.
Cabe señalar que la Dra. Carro había sostenido que la sustitución de un síndico legislativo es facultad de la Legislatura, no de la asamblea, como se realizó, y citó que en ocasiones anteriores esos reemplazos se realizaron con intervención de la Cámara y no por decisión unilateral de los accionistas.
Lo cierto es que decidió presentar una nota a la Inspección General de Justicia, “en el marco del dictamen que emitió el Fiscal, a raíz de la primera presentación que hice tanto en la Legislatura como en el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, sobre las irregularidades de Terra Ignis”, dijo por Radio Provincia.
Separó dos aspectos del dictamen de la Fiscalía y señaló que por un lado se refiere a su situación personal, y por otro a la cuestión de fondo de la empresa, por la falta de transparencia y los incumplimientos a leyes vigentes. “La resolución de la Fiscalía de Estado se puede interpretar de dos puntos de vista diferentes, porque resuelve dos aristas distintas. Una tiene que ver con mi caso en particular, por el impedimento que tengo para fiscalizar a raíz de la remoción que se pretendió realizar en una asamblea extraordinaria. Por otro lado, analiza la cuestión de fondo, como el manejo de Terra Ignis, el manejo de fondos públicos y los reiterados incumplimientos, sobre los cuales el Fiscal ha sido muy claro”, sostuvo.
“Con relación a lo mío, el Fiscal me enviste de una serie de atribuciones, facultades y potestades que tengo, en el marco de haberme visto impedida, por la obstaculización de funciones, de convocar a una asamblea para revertir la situación. Acá no hablamos de una sociedad privada, porque el único accionista es la provincia, que tiene el 90% y el 10% es de AREF. Ese accionista es el que decide removerme en asamblea y obstaculizar mis funciones. La investidura no me corresponde a mí como síndica, sino al órgano de fiscalización, que es colegiado y comparto con otros dos síndicos, de los cuales soy la única independiente, en representación del Poder Legislativo, porque los otros dos síndicos representan al Poder Ejecutivo”, detalló.
“La IGJ publicó en septiembre en el Boletín Oficial la asamblea extraordinaria en la que se me habría recurrido. Yo me presenté a la IGJ para ponerla en conocimiento de todo esto, en la línea sugerida por el Fiscal, porque hay una irregularidad y una ilegalidad en el procedimiento de remoción. Esta irregularidad surge porque no se le da intervención a la Legislatura, por eso pongo en conocimiento de eso a la IGJ y le informo la imposibilidad material que tengo de convocar a una asamblea, porque eso le corresponde al órgano colegiado. Por eso solicito la intervención y que sea la IGJ la que convoque a asamblea, o en su defecto que intervenga la justicia, como es la línea que ha sugerido el Fiscal”, aseguró.
Un manejo “alarmante”
Respecto del manejo de Terra Ignis, el Fiscal lo habría calificado de “alarmante, porque habla del manejo de los fondos públicos, de la falta de transparencia y los incumplimientos que viene teniendo Terra Ignis. Habla como primer incumplimiento que la sociedad tiene que poner a disposición de la Legislatura el cierre de ejercicio y el informe de la sindicatura. Eso fue presentado 160 días después de lo que establece la ley. El Fiscal aclara que los fondos que hoy está manejando Terra Ignis están sin ningún tipo de control y él advierte que este tipo de estructuras estatales operan al margen de todo tipo de control y terminan en nefastos y adversos resultados, que generan causas penales y también pérdidas de recursos de la provincia”, dijo.
“El Fiscal nombra en el dictamen los casos de HIFUSA, del Banco Tierra del Fuego, del Fondo Residual, del Laboratorio del Fin del Mundo y pone en total advertencia toda esta situación”, apuntó, por lo cual habría más organismos del Estado en la mira.
“El Fiscal dice que la sociedad está morosa en rendir cuentas, tanto frente al Poder Legislativo como a la IGJ y al Tribunal de Cuentas, y estas semanas nos anoticiamos de importantes contrataciones vinculadas con el petróleo y la energía. No conocemos con qué técnicos especializados cuenta Terra Ignis para realizar este tipo de contrataciones”, planteó.
“El Fiscal hace un recuento de los innumerables incumplimientos, porque tampoco se contestó a la Legislatura cuando intervino para pedir informes sobre las remuneraciones desde la fecha de creación, no se dijo nada del convenio con Sullair y todo esto lo nombra el Fiscal”, señaló.
“También habla del derecho al acceso a la información pública, protegido por la Constitución Nacional, cuando se trata de empresas que manejan fondos públicos. Terra Ignis está operando con fondos estatales, pretende avanzar en decisiones que tienen un alto impacto económico y político, mientras que no cumple con obligaciones que son básicas para cualquier sociedad”, criticó.
“El Fiscal dice textualmente que es preocupante y se torna alarmante, no lo estoy diciendo yo, porque se está poniendo en riesgo el patrimonio público”, subrayó.
Todo mal
Para la síndica no hay área del gobierno que funcione como corresponde. “En el gobierno provincial no hay ningún sector que esté funcionando correctamente y lo ve todo el mundo, lo ven los chicos que no pueden ir a la escuela, los que requieren atención de salud, pero en este caso hay una conducta penal por la acción cometida. La decisión del presidente de ir a inscribir a Terra Ignis en la IGJ después de todo lo que se dijo es una conducta dolosa. Ese mismo presidente va e inscribe la asamblea y efectivamente esa conducta se puede tipificar y se puede iniciar una acción. El Fiscal de Estado viene a advertir de todo este contexto y acá, o se revierten y se corrigen ciertas situaciones, o más tarde o más temprano va a terminar en una causa penal, que es lo que también advirtió el Fiscal y comparó este caso con HIFUSA”, alertó.
“El Fiscal dice que si esto no se modifica, tiene que intervenir la justicia ordinaria en el fuero civil, pero en caso de que se verifique una conducta penal, va a ser la justicia penal la que se va a ocupar”, sentenció.
Para la letrada “son todas advertencias que obligan al gobierno provincial a tomar dos tipos de acciones, o bien corregir y modificar ciertas situaciones, o bien continuar en este marco donde ya hay una conducta penal tipificada”.
Aclaró que “esto no se trata de una cuestión personal, de si me remueven o no me remueven. Yo he ido a los órganos que corresponden para que, si mañana hay una causa penal, mi responsabilidad esté salvaguardada. Esto va a tener un desenlace en algún momento porque esta situación no puede continuar así”, manifestó.
“El 31 de diciembre termina mi mandato y yo termino con todo lo que es mi responsabilidad legal, pero hasta el 31 tengo la responsabilidad de cumplir con mis funciones”, remarcó.
Negociaciones incompatibles
Por otra parte, sostuvo que hay una “incompatibilidad clara y manifiesta” de la ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo, que además subroga el Ministerio de Energía y también integra Terra Ignis. “Se tiene que apartar porque colisiona con los mismos intereses y la realidad es que no cumple con la función en sí. No podemos decir que no hay incompatibilidades, que está todo perfecto, porque no se puede ser Ministra de Obras Públicas, Ministra de Energía, representante de la sociedad, directora de la sociedad y operar en Terra Ignis en simultáneo con la intervención de ambos ministerios”, cuestionó.
Finalmente dijo que, si todavía no hay una acción penal, es simplemente porque no se ha podido acceder a la documentación. “Estamos hablando de supuestas irregularidades, dado que nadie vio la documentación. En algún momento se va a saber y quienes sean responsables van a tener que responder. La Legislatura tiene facultades para ser parte de la fiscalización y todos han estado de acuerdo con que así sea, pero después cambiaron las reglas de juego. Hay directores en representación de la Legislatura, se han pedido informes y la sociedad tiene que rendir cuentas, pero no lo está haciendo. El Fiscal de Estado ha dicho que ni siquiera se presentó el contrato con Sullair y no se ha rendido cuenta de absolutamente nada”, concluyó.
Fuente: Provincia 23
