También pidió que se cite a declarar al letrado Juan Ladreche, para que aporte la grabación que según sus afirmaciones tendría y en caso positivo explique como obtuvo la misma, y al ex intendente, Jorge Garramuño, para que preste declaración testimonial por sus expresiones sobre el comercio de grabaciones.
La presentación describe puntualmente los distintos hechos de escuchas telefónicas ilegales que se hicieron públicas y hace mención al reconocimiento de la existencia de este tipo de espionaje y la de un mercado ilegal de compra venta de las mismas por parte del ex intendente Jorge Garramuño.
Para De María las intercepciones telefónicas ilegales de la que han sido víctimas personas de distinta extracción política o institucional, como la diputada Bertone, el ex senador Mario Daniele, la Gobernadora Fabiana Ríos, el concejal Juan Rodríguez, el Juez Muchnik y ahora el Legislador Fernández, “son producto de un plan organizado de espionaje político ilegal, de carácter sistemático y generalizado que se realiza en franca violación a la privacidad que defiende nuestra Constitución.”
Es en este contexto, de intromisión de la privacidad de los funcionarios públicos, en que la legisladora de encuentro popular, efectuó el pedido que se investigue si sus teléfonos están intervenidos ilegalmente.
De María aclaro que, “La grabación en Tolhuin, fue la gota que rebalsó el vaso. Que alguien, en este caso Ladereche, reconozca que tiene en su poder una grabación ilegal, es algo gravísimo, no solo se vuelve a violar el derecho a la privacidad de un ciudadano, en este caso el legislador Adrián Fernández, sino que se lo usa como modo de extorsión política”
Por último la legisladora sostuvo que “ el derecho a la intimidad es, quizá, el mayor de los espacios de libertad. Ese derecho a estar a solas es el pilar de un sistema basado en el respeto de las personas. Si este derecho ya no existe, si este límite se rompe, ya no es problema individual, es una tragedia institucional, ante la cual no podemos callarnos”
