En segundo término, corresponde aclarar —porque la desinformación parece ser el eje central del planteo— que los policías territoriales no fueron absorbidos por la Policía Federal al momento de la provincialización, ni mucho menos “pagados” por la provincia como si se tratara de mercancía. Hablamos de personas, no de números.
Lo que efectivamente ocurrió fue la firma de un convenio Nación–Provincia en el año 1994, mediante el cual la Policía Federal asumiría el pago del retiro, financiado con aportes del 12% realizados por los propios efectivos hasta su retiro, mientras que la provincia asumiría el pago de zona e ítems adicionales. A su vez, desde el año 1992, estos mismos policías realizaron aportes del 13% a la Caja provincial, exactamente en las mismas condiciones que los policías netamente provinciales.
Es cierto que, una vez en situación de retiro, el aporte se reduce al 8%. Pero lo curioso es que ese mismo porcentaje es el que también aportan los policías provinciales retirados. Entonces surge una pregunta simple: ¿dónde está la diferencia que algunos intentan instalar con tanto énfasis?
En cuanto a los aportes activos desde 1999, es importante señalar que han sido realizados por policías provinciales bajo las mismas condiciones y porcentajes, lo cual desarma otro de los argumentos repetidos sin demasiado sustento.
Respecto a la supuesta irregularidad de percibir dos beneficios, conviene recordar que no existe delito alguno cuando estos se encuentran respaldados por acuerdos legales entre Nación y Provincia. Ahora bien, si se pretende instalar que ello es incorrecto, cabría entonces preguntarse —con la misma lógica— si también sería cuestionable que una persona perciba un retiro y una pensión. Tal vez el problema no sea jurídico, sino selectivo.
También se afirma livianamente que los llamados “territoriales” perciben doble zona desfavorable. Sin embargo, esto no solo es inexacto, sino que omite que dicho beneficio responde a derechos reconocidos por la Constitución Nacional a quienes han prestado servicios en condiciones particulares. Y, como suele suceder, no todos acceden a ello, aunque resulte más cómodo generalizar.
Por otro lado, resulta cuanto menos oportuno recordar que las modificaciones legales que hoy se mencionan con tanta preocupación permitieron en su momento que numerosos policías provinciales se retiraran con 17 o 20 años de servicio. Curiosamente, en aquel entonces no abundaban las denuncias ni las críticas. Más bien lo contrario: muchos usufructuaron esos beneficios sin mayores objeciones. La memoria, evidentemente, suele ser selectiva.
Si se trata de hablar de aportes y años de servicio, entonces hagámoslo con seriedad: los policías que prestaron servicios desde la época territorial lo hicieron bajo la órbita provincial desde 1992 hasta 2023. En ese marco, cabe preguntarse con honestidad: ¿quién aportó más al sistema?
En cuanto a la preocupación por los “camaradas”, resulta llamativo que quienes hoy levantan esa bandera lo hagan desde discursos que, lejos de construir, generan confusión y enfrentamiento. Porque si realmente existiera una preocupación genuina, la discusión estaría centrada en exigir el cumplimiento de normas vigentes —como la Ley 735, artículo 69— que beneficiarían a todos, y no en desviar la atención con planteos inconsistentes.
Finalmente, no deja de sorprender el nivel de agresividad y liviandad con el que algunos intentan instalar estas ideas. Cabe preguntarse si se trata simplemente de desconocimiento o si detrás de tanto empeño existe algún interés menos transparente. Tal vez sea más fácil escribir acusaciones que asumir responsabilidades.
Lo que sí es claro es que este tipo de expresiones no solo desinforman, sino que también deterioran el respeto que debería primar entre quienes han formado parte de una misma institución. Y eso, más que una diferencia de criterios, es una verdadera pena.
Atentamente,
Asociación de Esposas, Pensionadas, Hijos y Familiares de los Policías Provinciales que también prestaron servicios en el Territorio Nacional…
¡Qué maravilla de despliegue burocrático! Nos enteramos, casi con asombro, que existe un fondo operativo destinado a ciertas divisiones de la Policía Provincial. Según varios artículos publicados, se firmó un Decreto Provincial, con el aval de la Vicegobernadora, y tras el minucioso trabajo del Ministerio de Economía, de la Contaduría General y de la siempre activa oficina jurídica contable de la Policía, se acordó depositar la módica suma de 6 (seis) millones de pesos mensuales en gastos “reservados”. Ah, por supuesto, un despliegue de controles, oficinas, y competencias legales, que nos dejan boquiabiertos.
Pero, claro, nos preguntamos: ¿estos entes surgieron ahora, como si fueran una especie de set de magia? Porque cuando desde la Asesoría Jurídica de la Caja avalaron que los directores se salten leyes provinciales, nacionales e incluso la mismísima Constitución, nadie abrió la boca. Como ciudadanos, ante este desfile de respeto por el piso (y por nuestros aportes legales), solo cabe una reflexión: ¿para quiénes, o para qué, se usarán esos fondos recaudados con nuestros impuestos? ¿Existen esos organismos o solo son un adorno, una cortina de humo para dar la sensación de control? Control, dicho sea de paso, que hace diez meses no pagó ni un aguinaldo. ¿Tanta oficina jurídica contable solo sirve para el silencio? Ó para sostener la ignorancia, desidia, para que la Caja se esfume en manos gubernamentales, tapando agujeros del gobierno y de la propia Caja. Como siempre, muchos interrogantes y, por supuesto, ninguna respuesta. Las cuales seguimos esperando.
Asociación de Esposas, pensionadas, hijos y familiares de policías retirados de la provincia de Tierra del Fuego, que prestamos servicios cuando éramos Territorio Nocional.
