El Gobierno nacional presentó un proyecto de reforma de la Ley de Bosques Nativos que podría cambiar aspectos de la regulación sobre desmontes en el país. La iniciativa plantea modificaciones en los controles en ciertas zonas y en las restricciones vigentes, en un contexto de presión sobre los ecosistemas forestales.
Actualmente, la Ley 26.331 de Bosques Nativos en Argentina clasifica a los bosques en tres categorías según su valor de conservación: rojas, de máxima protección; amarillas, con uso sostenible limitado; y verdes, con menor valor relativo, pero que requieren autorización previa para cualquier intervención.
Figueroa advierte que la reforma eliminaría estas instancias. “El cambio que se quiere implementar elimina el estudio de impacto ambiental y, también, las audiencias públicas para autorizar esos cambios. Esto implica que no se consideran las conexiones entre bosques, los corredores biológicos ni la dinámica ecosistémica, reduciendo la capacidad de proteger los bosques de manera integral”.
En la misma línea, Mauricio Federovisky, ecologista y conductor del programa televisivo Ambiente y Medio, explica que “permitir desmontes en zonas verdes sin evaluación ambiental va a bajar el nivel de protección. Aunque estas áreas tengan menor valor relativo, siguen cumpliendo funciones esenciales: regulan el clima, conservan la biodiversidad, retienen agua y evitan la erosión del suelo”.
Según Federovisky, la percepción social de los bosques también se ve afectada. “Cuando se flexibilizan los controles, se transmite que estos ecosistemas son prescindibles. Esto no solo impacta en la deforestación, sino también en cómo la sociedad valora los bosques y su importancia estratégica”, aporta.
La reforma también busca modificar el régimen aplicado a terrenos afectados por incendios. Actualmente, la ley establece períodos para la regeneración natural de los ecosistemas. Figueroa advierte que “si ocurre un incendio y al año siguiente el terreno ya está loteado por inmobiliarias, como suele suceder en el sur, se pierde el bosque y todo el ecosistema original. La biodiversidad, la fauna y la flora se ven afectados, con consecuencias que se extienden a la dinámica climática aumentando riesgos de sequías e incendios futuros”.
Federovisky complementa la idea desde la perspectiva de la gestión ambiental: “Eliminar restricciones en áreas protegidas o recientemente incendiadas interrumpe la regeneración natural y trae como consecuencia una pérdida permanente de biodiversidad y degradación del suelo. Tratar el incendio como una oportunidad económica es muy grave, tanto ambiental como éticamente”.
El impulso productivo de la reforma también es cuestionado por los expertos. Figueroa explica que “la Ley de Bosques no pone en juego la producción: en categorías amarilla y verde se permite actividad productiva, pero el ordenamiento territorial decide qué se puede hacer y dónde, buscando articular conservación y producción de manera equilibrada”. Por su parte, Federovisky amplía esta reflexión: “El debate no debería plantearse como producción o ambiente. La verdadera pregunta es cómo producir sin destruir, considerando el impacto ambiental y la productividad futura del suelo. Un modelo productivo que degrada el ambiente termina debilitando su propia base”.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la limitación al monitoreo ciudadano y de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre los desmontes. Según Figueroa, “una de las cosas más relevantes de la Ley de Bosques es que fomenta la participación ciudadana y el control sobre los cambios de uso de suelo. La reforma propuesta podría ir en contra de derechos, incluidos derechos humanos de participación ambiental, porque limita esta transparencia y participación casi por completo”.
Federovisky añade que “limitar el monitoreo de ONG y ciudadanos reduce la transparencia y la capacidad de exigir que se cumpla la normativa. El cuidado del ambiente es un bien común que no debería quedar únicamente en manos del mercado o del Estado”. En su opinión, estas medidas no solo afectan la supervisión estatal, sino también la percepción social sobre el valor de los bosques: “Cuando la sociedad deja de participar, se pierde también un mecanismo fundamental para sostener la conservación a largo plazo”.
Ambos expertos coinciden en que los bosques nativos proporcionan servicios ecosistémicos estratégicos como regulación hídrica, captura de carbono, mantenimiento de corredores biológicos y prevención de la erosión. Además, destacan que la participación ciudadana y el trabajo de las ONG funcionan como mecanismos de seguimiento y control social, así como espacios de educación ambiental.
La reforma, según sus análisis, además de afectar a los bosques verdes actuales, podría influir en la dinámica ecosistémica, en los futuros cambios de uso de suelo y en la forma en que se articulan la producción y la conservación en el país. Figueroa señala que la ley actual, en cambio, busca un equilibrio entre actores diversos: productores, comunidades indígenas, ONG e investigadores.
Fuente: El Auditor
Situación en Tierra del Fuego
- La Ley de Bosques Nativos provincial (vigente y de aplicación obligatoria) protege los bosques fueguinos, que cubren más del 30% del territorio insular.
- Estos bosques —principalmente de lenga, guindo y ñire— son esenciales para la conservación del suelo y la mitigación del cambio climático.
- La flexibilización nacional podría debilitar los mecanismos locales de control, especialmente los de monitoreo participativo y auditoría ambiental que involucran a universidades y ONGs.
Riesgos específicos para la provincia
| Tipo de impacto | Descripción | Consecuencia local |
|---|---|---|
| Ambiental | Menor control sobre desmontes y quemas | Pérdida de cobertura forestal y hábitats de especies endémicas |
| Institucional | Reducción del monitoreo ciudadano | Menor transparencia en decisiones sobre uso del suelo |
| Social | Exclusión de comunidades y organizaciones | Debilitamiento del tejido participativo ambiental |
| Económico | Incentivo a proyectos extractivos sin evaluación | Riesgo de conflictos por uso de tierras y recursos |
Reacciones y perspectivas
- ONGs locales como Fundación Ushuaia XXI y asociaciones forestales expresaron preocupación por la falta de consulta pública.
- Técnicos del Ministerio de Producción y Ambiente fueguino sostienen que la provincia mantendrá sus estándares de protección, aunque reconocen que la coordinación nacional es clave para evitar vacíos legales.
- Ciudadanía y monitoreo ambiental: se teme que se restrinja el acceso a información sobre planes de manejo y deforestación, lo que afectaría la vigilancia comunitaria.
En síntesis
La flexibilización de la Ley de Bosques y la limitación del monitoreo ciudadano podrían debilitar la gobernanza ambiental en Tierra del Fuego, una provincia donde los bosques nativos son parte de su identidad y equilibrio ecológico. El desafío será mantener la autonomía provincial en la gestión forestal y garantizar la participación pública en la defensa del territorio.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
