¿a qué nueva operación se refiere exactamente?
¿Debemos entender que nuevamente se analiza vender patrimonio de la Caja?
Sería oportuno recordar que la propia ley que rige la institución prohíbe expresamente la venta de inmuebles para pagar haberes previsionales. Por lo tanto, la pregunta no es menor:
¿se pretende insistir en caminos que la ley ya ha señalado como incorrectos?
También manifestó que,»por ahora», no se analiza qué otra entidad podría absorber a los policías territoriales. Esto abre otra cuestión de fondo:
¿con qué lógica se pretende excluir justamente a quienes dieron origen al sistema?
El propio director reconoce que la Policía es una sola, aunque dice desconocer el origen de la división actual. En ese punto quizás convenga refrescar la memoria institucional.
La división comenzó con la resolución interna N.º 148, firmada por el actual directorio y con la posterior negativa a reconocer la verdadera historia de la Caja. Esta institución no apareció por generación espontánea. Muy por el contrario, los policías territoriales fueron quienes sostuvieron el sistema que luego permitió incorporar a los provinciales, quienes entre 1992 y 2010 no contaban con una caja previsional propia.
A partir del año 2010 se consolidó la Caja con su denominación actual, integrando a todos los policías sin distinción. Esa es la historia real, aunque algunos prefieran olvidarla.
El director también insiste en hablar del desbalance entre ingresos y egresos del sistema. Frente a ello cabe formular una pregunta directa:
¿cumplió el directorio con lo establecido en el artículo 2°, inciso e) de la Ley 1155?
Porque resulta curioso escuchar propuestas de revisar la legislación cuando la normativa vigente ni siquiera se cumple.
En ese mismo sentido, tampoco se ha impulsado el cumplimiento de la Ley 735, artículo 69, que establece la equiparación con la Policía Federal. El cumplimiento efectivo de esa norma podría resolver gran parte de los problemas estructurales del sistema previsional policial.
Otro aspecto que llama poderosamente la atención es la relación con el Gobierno provincial. Durante meses se afirmó públicamente que no se estaban realizando los aportes correspondientes. Sin embargo, ahora el director afirma que el Gobierno siempre cumplió.
Entonces la pregunta es inevitable:
¿qué ocurrió con los fondos desde junio de 2025?
El propio director también afirma que no existen registros formales de préstamos al Gobierno. La aclaración, lejos de tranquilizar, abre una duda mayor:
si no existen registros formales, ¿debemos interpretar que existieron acuerdos informales?
Porque cuando se trata de fondos previsionales, la informalidad no es precisamente una virtud administrativa.
En algo sí debemos darle la razón: existen informes técnicos que advertían sobre el riesgo de llegar a esta situación.
La pregunta es tan simple como incómoda:
¿qué hizo el directorio durante todos estos años con esas advertencias?
Respecto del número de juicios iniciados, el director señala que no representan a los 540 damnificados. Tal vez sea necesario explicarlo con claridad: muchos retirados debieron elegir entre pagar un abogado o comprar medicamentos, entre litigar o pagar deudas, entre hacer un amparo o permitir que sus hijos continúen estudiando.
Por lo tanto, que no existan 540 amparos no significa apoyo, silencio ni desinterés. Significa simplemente que la urgencia de vivir suele ser más fuerte que la posibilidad de iniciar un proceso judicial.
Resulta igualmente llamativo escuchar al director intentar colocarse en el papel de trabajador afectado, cuando ni él ni quienes integran el directorio han presentado jamás un proyecto serio o una estrategia concreta para evitar la crisis actual.
Mientras tanto, la preocupación institucional no parece haber sido incompatible con vacaciones, cobro de retiros, sueldos como jefes de custodia y gastos de representación. Sobre estos últimos, cabe señalar que nunca se ha presentado públicamente la documentación que respalde dichos gastos, los cuales, en los hechos, terminan funcionando como un complemento salarial para el directorio.
Por nuestra parte, seguiremos reclamando lo mismo que venimos reclamando desde el primer día:
respeto, transparencia y responsabilidad en el manejo de fondos que no pertenecen al directorio, sino a los hombres y mujeres que durante décadas sostuvieron con sus aportes el sistema previsional policial.
Y también seguiremos reclamando claridad sobre el destino del patrimonio construido con los aportes de los policías territoriales, patrimonio que hoy algunos parecen administrar como si fuese propio.
Asociación de Esposas, Pensionados, Hijos y Familiares
de Policías Territoriales de Tierra del Fuego
