María Laura Fernández estuvo técnicamente desaparecida por 48 horas. La denuncia fue radicada por su hermana, quien dijo sin tapujos en la comisaría, “ella tuvo una pelea con el Gobernador” y a partir de allí, las conjeturas comenzaron a circular.
Para muchos un paradero es un trámite simple, o un policial común, sin embargo, en este momento del país, y sabiendo que las estadísticas indican que 1 mujer es víctima de femicidio cada 30/36 horas, no es un dato más.
Las alertas y el foco se pusieron, por parte de los investigadores, rápidamente en analizar cámaras, teléfonos, y rastrillajes en la ciudad de Río Grande.
Cuando finalmente el Juez Raúl Sahade ordenó un allanamiento en el domicilio de la mujer en avenida Belgrano al 900, Fernández, junto a su abogado Lucas Sartori, se presentaron en la comisaría intentando despejar la medida judicial que recaía sobre Laura Fernández.
Palabras más, palabras menos, María Laura dijo que le habían pagado para “desaparecer”. Ante estas versiones periodísticas, una vez más el foco se puso, en principio, en acusar a Fernández de haber realizado una falsa denuncia, pero con el correr de las horas, en un intento de defensa del Gobernador Gustavo Melella, el presidente del partido FORJA, Gustavo López, hizo declaraciones radiales y acusó de una operación política “al entorno del intendente de la ciudad de Ushuaia”.
Rápidamente, un alfil de Vuoto, el concejal Nicolás Pelolli, salió al cruce de estos dichos e incluso manifestó que las acusaciones se debían dirimir en la Justicia.
Y, así como te digo una cosa, te digo la otra, Gustavo López, volvió a salir al aire en la misma emisora- Radio Provincia- y se desdijo en cuestión de minutos. Incluso, pidió disculpas a través de su cuenta en X, sin embargo, la pirotecnia comenzó a explotar.
Casi de inmediato, aparecieron comunicados de uno y otro sector, y mientras tanto, La Libertad Avanza y Provincia Grande, mantuvieron un cauteloso silencio.
En medio de semejante rosqueo, nos preguntamos: ¿Y si a Laura le pagaron, quien fue?, ¿Acaso no amerita una investigación judicial esa simple frase a mí me pagaron para desaparecer?
Esto último tampoco fue parte de los análisis de quienes tomaron postura por uno u otro, y si como dice el concejal Peloli, en Ushuaia ni estaban enterados de esto, la justicia de Rio Grande fue la que actuó de inmediato y el caso se esclareció, las miradas cambian de objetivo y se posan en los que, como dice esta nota, hicieron un resonante silencio, y ¿Por qué?, porque en esta provincia todo vale y cuando no hay datos oficiales se especula, se hace futurología, se mezcla todo, pero, nunca se aclara nada.
Lo que debe ocurrir ahora es saber por parte de la justicia quien le pagó a esta mujer, para esconderse en su casa y dejar sentado que cualquiera puede generar un escándalo de proporciones, porque tiene problemas con su pareja, problemas económicos, u otros y meter en un callejón sin salida a un gobernador, a un intendente o a los que creen que nunca les va a pasar y ante este tipo de problemas institucionales, demuestran una falta de solidaridad alarmante.
Este caso demuestra que nadie está libre de una operación distractiva, como esta, le puede pasar a cualquiera y alguien debe poner claridad libre este tipo de hechos, no es un policial más, no es una estadística, es un escándalo fogoneado por medios anónimos, que en muchos casos son material de consulta hasta de funcionarios que, incluso comparten esos conventillos en redes siempre y cuando perjudique a otro.
Es mediocridad, falta de profesionalismo, falta de tacto, de empatía, de responsabilidad, pero por sobre una falta de respeto a la inteligencia de una sociedad que está harta de estos conventillos.
Por: Lorena Uribe y Armando Cabral
