La discusión se dio durante la última sesión legislativa, en la que se resolvió enviar a archivo el proyecto oficial que proponía crear una sociedad anónima para la administración del puerto. La iniciativa había sido enviada días atrás dentro de un paquete de leyes y buscaba replicar en el ámbito portuario un esquema similar al de Terra Ignis. Tras su giro a comisión, el cuerpo votó una moción para archivarla y rechazó así la propuesta.
En declaraciones públicas, Lechman cuestionó un proyecto que, según planteó, abría la puerta a un cambio de fondo en el modelo de gestión portuaria. En ese marco, sostuvo que la propuesta “parece pensada para poner al puerto en la plataforma de Mercado Libre”, una frase con la que resumió su rechazo a la iniciativa oficial.
Para el legislador, el planteo del Gobierno encierra una contradicción evidente. “Se hace una defensa a ultranza de la soberanía, del turismo y del valor estratégico del puerto como puerta de entrada a la Antártida, pero por otro lado se impulsa un proyecto que abre la puerta a un esquema de privatización”, señaló. Desde su mirada, mientras se habla de soberanía, se avanza con una propuesta que puede dejar decisiones estratégicas sujetas a intereses privados.
Lechman sostuvo además que la discusión no se agotaba en una figura jurídica ni en una forma societaria. Lo que estaba en juego, afirmó, era quién conservará el control político e institucional sobre el puerto y bajo qué criterio se lo administrará en adelante.
En ese punto, diferenció la participación privada que ya existe en la actividad portuaria de una eventual transferencia del manejo general del sistema. Remarcó que el puerto sigue siendo provincial y de gestión pública, aun cuando en su operatoria intervengan actores privados. Y advirtió que, si la intención del Ejecutivo fuera modificar a quienes hoy operan allí, debería decirlo de manera abierta y no avanzar con un proyecto redactado en términos tan amplios.
