A casi 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una investigación del observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) revela que una amplia mayoría de la sociedad argentina mantiene una valoración negativa del último gobierno militar.
La investigación se realizó entre el 15 y el 27 de octubre de 2025, sobre una muestra de 1.136 casos en todo el país, con el objetivo de analizar cómo la sociedad argentina interpreta el período 1976-1983 medio siglo después del golpe.
La responsabilidad del golpe y la mirada sobre el período
Uno de los principales hallazgos del informe es que el 63% de los consultados considera que no hubo motivos que justificaran el golpe militar, mientras que la responsabilidad del quiebre institucional recae mayoritariamente sobre las Juntas Militares.
El trabajo también indaga sobre la interpretación social de lo ocurrido durante la dictadura.
Cómo interpreta la sociedad el período 1976–1983
De acuerdo con el estudio el 61% define ese período como “un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos” y el 32% lo interpreta como “una lucha contra el terrorismo en la que pudo haber excesos”.
Los investigadores señalan que, aunque existe un consenso social claro de condena al régimen, aún persisten zonas de ambigüedad en la interpretación histórica del período.
Fuerte respaldo social a los juicios por delitos de lesa humanidad
Otro dato destacado del relevamiento es el respaldo mayoritario a la continuidad de los procesos judiciales contra los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura.
El 70% de los encuestados se manifestó “muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo” con que el Estado continúe juzgando a los militares por delitos de lesa humanidad.
El informe también muestra que el lenguaje de los derechos humanos sigue estructurando la forma en que la sociedad argentina comprende la dictadura.
Conceptos como “desaparición”, “represión”, “violaciones a los derechos humanos” y “plan sistemático” forman parte del modo en que la población identifica aquel período histórico.
Cómo se transmite la memoria sobre la dictadura
El estudio señala que el conocimiento social sobre la dictadura se construyó a partir de diferentes ámbitos de socialización.
La mayoría de los encuestados indicó haberse informado sobre ese período a través de: la escuela y la universidad, conversaciones familiares y consumos culturales, como libros, documentales, películas u obras teatrales.
Según los investigadores, estos canales contribuyeron a consolidar una memoria colectiva que mantiene vigente la condena social al terrorismo de Estado.
El respaldo a la democracia frente a otras formas de gobierno
La encuesta también midió las percepciones sobre el sistema político. En ese sentido, el 78% de los consultados afirmó que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que solo un 10% consideró que, en determinadas circunstancias, un gobierno autoritario podría ser preferible.
Los resultados muestran que el consenso democrático sigue siendo ampliamente mayoritario en la sociedad argentina, incluso entre generaciones que no vivieron el período dictatorial.
Obstáculos en la búsqueda de los nietos apropiados
El informe también menciona el contexto actual de las políticas de memoria, verdad y justicia y los cambios registrados en la estructura estatal vinculada a la búsqueda de personas apropiadas durante la dictadura.
Según estimaciones de organismos de derechos humanos, aún quedan más de 300 hijos de desaparecidos cuya identidad no fue restituida.
La organización Abuelas de Plaza de Mayo, que logró recuperar 140 nietos, contó durante décadas con el apoyo de distintas agencias del Estado para avanzar en las investigaciones.
Cambios en las estructuras estatales
De acuerdo con informes del CELS, desde diciembre de 2023 se produjeron modificaciones en áreas clave vinculadas a esas tareas.
Entre ellas se menciona el cierre por decreto en agosto de 2024 de la Unidad Especial de Investigación (UEI), un organismo que durante 20 años trabajó en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en casos de apropiación de menores.
La UEI funcionaba bajo la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi) y tenía facultades para analizar documentación y acceder a archivos de organismos del Estado, de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
Según el informe del CELS titulado “Bajo Asedio”, la CoNaDi perdió alrededor del 40% de su personal desde diciembre de 2023, mientras que el personal restante registró reducciones salariales de entre el 20% y el 70%.
A pesar de estas dificultades, tres nietos fueron identificados durante el actual período de gobierno.
