A los Señores Legisladores de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
De nuestra mayor consideración:
El próximo 1° de marzo, en la apertura del período de sesiones ordinarias, la ciudadanía fueguina volverá a depositar su expectativa en el funcionamiento pleno de las instituciones democráticas. Confiamos en que esa jornada no sea un acto meramente formal, sino el inicio de un compromiso concreto con los problemas reales que atraviesan cientos de familias de nuestra provincia.
Hoy, 540 familias de policías retirados se encuentran afectadas por la falta de percepción íntegra de sus haberes y del sueldo anual complementario adeudado. No se trata de una discusión técnica ni administrativa: se trata de derechos alimentarios, de subsistencia y de dignidad.
Como representantes del pueblo, ustedes cuentan con herramientas constitucionales y legales que pueden y deben activarse:
Facultad de control e interpelación.
La Legislatura posee atribuciones para citar e interpelar a las autoridades de la Caja. En dos oportunidades fueron convocadas y no se presentaron, amparándose en una supuesta “estrategia de inversión y reorganización patrimonial”. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen consecuencias institucionales ante esa incomparecencia. El control parlamentario no puede quedar reducido a una formalidad sin efectos.
Facultad presupuestaria.
Pueden promover modificaciones al Presupuesto 2026, reasignando partidas para garantizar que el Estado provincial cumpla con su rol de garante solidario del sistema previsional policial, evitando que la deuda continúe incrementándose.
Declaración de emergencia o ley de salvataje.
La Legislatura puede declarar la emergencia del sistema previsional policial y habilitar transferencias directas del Tesoro Provincial destinadas a cubrir la deuda acumulada y asegurar el pago regular de haberes y aguinaldos.
Exigencia formal al Poder Ejecutivo.
Corresponde requerir el cumplimiento inmediato de las obligaciones previsionales y el pago de los montos adeudados, en resguardo de derechos que cuentan con protección constitucional.
Seguimiento de fallos judiciales y control de legalidad.
Ante resoluciones judiciales que ordenan el pago de la deuda y su eventual incumplimiento, entendemos que la Legislatura debe ejercer un seguimiento institucional, documentado y público, sobre la conducta del Estado y la ejecución presupuestaria de la Caja.
Responsabilidades patrimoniales.
Asimismo, solicitamos que se impulse —ante quien corresponda— la determinación de responsabilidades administrativas y patrimoniales de quienes hubieran llevado a la institución a la situación actual, para que respondan con su propio patrimonio si así lo determina la Justicia.
No pretendemos señalarles el camino, sino recordar que existen mecanismos institucionales vigentes y disponibles. Nuestro reclamo es respetuoso, pero firme. La omisión también genera consecuencias, y cada día de demora agrava la situación de cientos de hogares fueguinos.
Confiamos en que sabrán asumir el compromiso que la investidura exige, evitando que esta crisis escale al punto de requerir intervenciones externas que podrían haberse prevenido con decisiones políticas oportunas.
Sin otro particular, saludamos a ustedes con la consideración que el cargo merece.
Fuente: Asociación de Esposas, Pensionadas, Hijos y Familiares del Personal Policial Retirado de la Provincia de Tierra del Fuego
