El Gobierno reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad a través del Decreto 84/2026. Con esta medida, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo acata finalmente la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la normativa y exigió su implementación plena antes del 4 de febrero.
A pesar de haber intentado frenar la ley mediante un veto y posteriores trabas administrativas basadas en la falta de presupuesto, la administración central activa ahora el nuevo régimen de pensiones y una reestructuración profunda en el área.
Esta parálisis derivó en una batalla judicial que escaló tras un amparo colectivo presentado por un particular, identificado como O. G. J., quien demandó la protección de los derechos de sus hijos.
El juez de Campana falló a favor de los reclamantes y anuló la suspensión gubernamental. A pesar de los recursos presentados por el Ministerio de Salud para dilatar la aplicación por motivos presupuestarios, el magistrado fijó un plazo máximo de 30 días para que el Ejecutivo reglamentara la norma. El Gobierno esperó hasta la fecha límite para publicar el Decreto 84/2026, el cual establece los criterios para el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. El texto define los requisitos de acceso, los procedimientos para evaluar la situación socioeconómica de los solicitantes y las incompatibilidades con otros beneficios.
Nuevo esquema
La nueva reglamentación centraliza la política de discapacidad dentro del Ministerio de Salud, bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Esta dependencia asume la tarea de coordinar con el Consejo Federal de Discapacidad los parámetros de evaluación y los planes de auditoría periódica.
Un punto crítico de la norma conocida hoy es la conversión automática de las pensiones actuales al nuevo sistema, denominado Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. El Estado deberá identificar y verificar miles de prestaciones previas para garantizar una transición coherente y transparente.
El Gobierno mantiene su postura fiscalista a través de la letra chica del decreto. La norma especifica que cualquier acción acordada con las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe ajustarse estrictamente a los recursos disponibles.
Además, el texto rubricado por Milei, el vocero Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger incluye una cláusula de reserva legal. Los funcionarios aclaran que el dictado del decreto no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial ni ceder en la disputa de fondo, afirmando que propician la reglamentación “sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad”.
Discapacidad: designan tres nuevos funcionarios en el área
En paralelo a la reglamentación, el Ejecutivo formalizó la estructura que llevará adelante estos cambios mediante la designación de tres autoridades clave.
El doctor Alejandro Alberto Vilches asume como secretario nacional de Discapacidad. Vilches cuenta con antecedentes inmediatos en el área, ya que el Gobierno lo nombró interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025 tras el escándalo de sobreprecios que provocó la salida de Diego Spagnuolo.
Vilches, egresado de la Universidad del Salvador y con posgrados en la UCA, aporta experiencia en auditoría médica y gestión sanitaria, tanto en el sector público como en obras sociales gremiales.
Junto a Vilches, el Gobierno designó al licenciado Gianfranco Scigliano como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos. Scigliano supervisará el otorgamiento de los certificados de discapacidad y validará que los procesos cumplan con el respaldo técnico que exige la nueva normativa.
Por su parte, el abogado Esteban Rafael Giler asume la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos. Su función principal será facilitar la inclusión social, laboral y educativa, eliminando las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el transporte y la salud.
Con este equipo, el Ministerio de Salud busca aplicar los controles estrictos que menciona el decreto. Vilches ya demostró su perfil de fiscalizador cuando, como secretario de Gestión Sanitaria, detectó irregularidades en el examen unificado de residencias médicas.
Ahora, bajo la presión de la Ley 27.793, los nuevos funcionarios deberán equilibrar la garantía de derechos exigida por la justicia con las restricciones presupuestarias que el Ejecutivo sigue sosteniendo como prioridad de gestión. La Secretaría tiene ahora un plazo de 30 días para presentar el primer plan de auditorías y convocar al Consejo Federal para armonizar los criterios socioeconómicos en todo el país.
Fuente: El Cronista
