Al Señor Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
A la Señora Vicegobernadora;
Al Señor Jefe de Policía:
Nuevamente nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarles que, si realmente no son partícipes ni cómplices del grave desorden institucional que atraviesa hoy la Caja de Previsión, hagan cumplir la Ley 1155, artículo 6°, que modifica el artículo 9° de la Ley 834. Allí se establece con absoluta claridad que “la Caja puede ser intervenida por el Poder Ejecutivo solo cuando sus autoridades se aparten de las obligaciones que imponen la presente y su reglamentación”.
A la vista está que las autoridades que ustedes designaron para ocupar esos cargos no han estado —ni están— a la altura de las circunstancias. De hecho, parece que de leyes saben poco: han pretendido hacer prevalecer una resolución interna, la N° 148, por sobre la Ley 834, que reconoce el derecho de los policías territoriales a integrar la institución en igualdad de condiciones. Cualquier modificación en sentido contrario, como bien saben, resultaría manifiestamente inconstitucional.
Durante estos meses, como mujeres, madres, pensionadas y familiares de quienes dedicaron su vida a la institución, hemos recibido todo tipo de faltas de respeto y humillaciones por parte de sus empleados. Desde la propia Jefatura se ha impedido el ingreso de mujeres pensionadas que solo buscaban aclarar su situación. Incluso, en la Casa de Gobierno, la señora Secretaria del Gobernador ha optado por calificarnos de “piqueteras” y cerrarnos la puerta en la cara.
Cabe destacar —y esto lo decimos con orgullo— que ante semejante violencia jamás respondimos con violencia. Pedimos, simplemente, respeto y respuestas.
A ello se suma que sus funcionarios desoyen fallos judiciales firmes, nos mienten abiertamente y, peor aún, le mienten a la propia Justicia en las apelaciones que presentan, argumentando que no nos corresponde cobrar. Les recordamos que hemos aportado durante 30 o 35 años de manera constante. Por lo tanto, cuando de legalidad se trata, lo que ocurre hace seis meses —la falta total de pago— es, sin lugar a dudas, ilegal.
Señores gobernantes y autoridades policiales: exigimos que tomen decisiones serias, contundentes y ajustadas a derecho. Solo les pedimos que se apoyen en lo que la ley indica, nada más y nada menos.
Ustedes anuncian con bombos y platillos la celebración de los 140 años de presencia policial en Tierra del Fuego; condecoran al personal por actos heroicos y reivindican con orgullo que la institución cuenta con veteranos de guerra.
Ahora bien, cabe preguntarles: ¿no sienten vergüenza de que quienes formaron esas mismas filas, quienes construyeron con su sacrificio la institución que ustedes celebran, hoy sean tratados como descartables? ¿No les incomoda que quienes hicieron grande a la Policía de Tierra del Fuego hoy sean ignorados y empujados al abandono?
Por favor, actúen con madurez y premura. Permitan que los valores institucionales afloren, que no sigan siendo mancillados, y que el prestigio de tantos años de servicio no termine siendo arrojado a la basura por la negligencia y el desprecio con que se ha tratado a 540 familias durante medio año. Atentamente familias de policías retirados y pensionados de Tierra del Fuego A e I AS.-
