La medida responde a la grave afectación que atraviesa la empresa como consecuencia de la vulneración de derechos adquiridos bajo la Ley 19.640, norma de jerarquía superior que continúa plenamente vigente y que ningún decreto o resolución del Poder Ejecutivo puede modificar o derogar. El decreto 594/2023 —junto con otras disposiciones derivadas— vulnera derechos garantizados por la Constitución Nacional y altera el marco legal que dio origen y sustento al desarrollo industrial de Tierra del Fuego.
De no revertirse esta situación carente de sustento legal, que atenta contra derechos reconocidos por ley y por la propia Constitución, Sueño Fueguino S.A. se verá obligada a efectuar una reducción de su actividad industrial, poniendo en riesgo más de 130 puestos de trabajo adicionales y una trayectoria de
más de 40 años de producción ininterrumpida en la provincia.
La compañía no desea, bajo ningún aspecto, llegar a esa instancia. Solo aspira a que se respeten sus derechos adquiridos, poder continuar trabajando, generar empleo y seguir contribuyendo al desarrollo productivo de Tierra del Fuego y del país.
Actualmente, más de 25 camiones con mercadería terminada permanecen inmovilizados por disposición de la Secretaría de Industria y la Aduana, afectando no solo a la compañía sino también a toda su cadena de valor.
