El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento discutió este martes la iniciativa y acordó pasarla a la firma el próximo 30 de septiembre, con la intención de que llegue al recinto de inmediato. El movimiento encendió las alarmas en la Casa Rosada, donde los DNU se volvieron una herramienta clave para implementar medidas sin pasar por el Congreso.
Actualmente, la normativa vigente establece que basta con la aprobación de una sola cámara para mantener en pie un DNU, mientras que para derogarlo es necesario el rechazo de ambas. Esto, en la práctica, blindó a los presidentes de turno, que encontraron en los decretos un mecanismo rápido para avanzar en su agenda, incluso sin situaciones de verdadera emergencia.
La reforma que impulsa la oposición cambia las reglas: plantea que el rechazo de una sola cámara sea suficiente para dejar sin efecto un DNU y fija un plazo de 90 días desde su publicación para su aceptación parlamentaria. Pasado ese tiempo, si no hay aval expreso, la medida pierde vigencia. También prohíbe que el Ejecutivo repita un decreto sobre la misma materia en el mismo período legislativo.
Desde Unión por la Patria defendieron la necesidad de modificar el esquema actual, al que calificaron como un “desvío institucional” que terminó normalizando una práctica pensada para circunstancias excepcionales. “Este Gobierno no busca consensos, gobierna por decreto y por veto”, criticaron. En la misma línea, el Frente de Izquierda cuestionó la figura misma de los DNU, a los que tildó de “atributos bonapartistas”.
El debate en Diputados expuso viejas cuentas pendientes
El plenario legislativo que discutió la reforma de los DNU dejó al descubierto tensiones. La massista Mónica Litza recordó que la ley que hoy se busca modificar fue impulsada en 2006 por Cristina Kirchner y destacó que, aunque supuso un avance en su momento, terminó consolidando un esquema que favoreció al presidente de turno.
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo sostuvo que el régimen vigente es directamente “anticonstitucional” y denunció que Milei usó el DNU 70/23 como una “reforma constitucional de hecho”. “Este Gobierno ha mostrado que gobierna contra el pueblo, a decreto limpio”, disparó.
En la vereda contraria, Patricia Vásquez cuestionó la “doble vara” del kirchnerismo y recordó que durante la gestión de Alberto Fernández se dictaron 178 DNU sin que el oficialismo de entonces mostrara reparos. “Si hoy estuvieran en el Gobierno, reclamarían el mismo libertinaje que tuvieron antes”, lanzó la legisladora cercana a Patricia Bullrich.
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