El Poder Legislativo comenzó a debatir un proyecto de ley (ver al pie de la nota) que intentará cambiar la dinámica con la que se anuncian los aumentos de los combustibles en la Argentina. La propuesta, presentada por Pablo Todero, diputado nacional de Fuerza Patria por Neuquén, acompañado por Germán Martínez y Miguel Ángel Pichetto, busca restablecer la obligación de comunicar los cambios de precios a través de medios oficiales y con plazos de antelación definidos.
La iniciativa que ingresó a través de la Comisión de Defensa del Consumidor, establece que las empresas deberán avisar con 72 horas de antelación a las Estaciones de Servicio y a la autoridad de aplicación, mientras que los usuarios recibirán la notificación con al menos 48 horas antes de la entrada en vigor de los nuevos valores. La información deberá incluir el porcentaje del ajuste, la fecha exacta y una justificación técnica y económica.
Todero explicó a surtidores.com.ar que la medida busca “dar previsibilidad, transparencia e incluso fomentar la competencia entre las empresas”. El legislador subrayó que “los aumentos imprevistos afectan la economía familiar, de comerciantes y empresarios. Con este proyecto, buscamos mitigar el impacto económico que los incrementos sorpresivos sufren las familias y el sector productivo”.
La propuesta también contempla la obligación de publicar la información en las páginas web de las empresas, en carteleras visibles en las Estaciones de Servicio, en medios de comunicación de alcance nacional y en la plataforma de la autoridad de aplicación. El incumplimiento podría acarrear sanciones severas: desde multas millonarias hasta la suspensión de la comercialización.
Según expresó el legislador neuquino, “para los estacioneros, la norma podría representar una herramienta clave para mejorar la planificación de su operatoria, evitando el desfasaje que hoy sufren al recibir listas de precios sin aviso previo”. Además, recalcó que permitirá reforzar la confianza del consumidor en un mercado marcado por la volatilidad.
El expediente legislativo encuentra sustento en experiencias internacionales, como las de Chile y México, donde existen mecanismos similares que obligan a las empresas energéticas a anticipar los cambios. Según sus fundamentos, el objetivo es alinear a la Argentina con estándares internacionales de transparencia y protección de los usuarios
En palabras de Todero, “los combustibles son bienes esenciales que atraviesan toda la vida económica y social del país. No se trata solo de precios, sino de confianza, previsibilidad y respeto hacia la ciudadanía. Con esta ley buscamos ordenar el mercado, evitar arbitrariedades y darle a los argentinos la información clara y anticipada que merecen”.
SANCIONES PREVISTAS
El régimen de sanciones es otro de los puntos centrales de la propuesta. El incumplimiento de la normativa se encuadrará en la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240) e incluye desde multas equivalentes a entre 10 y 10.000 salarios mínimos vitales y móviles, hasta la suspensión temporal de las operaciones. En caso de reincidencia, incluso se contempla la clausura de las Estaciones de Servicio.
