Las declaraciones de la Dra. Felicitas Maiztegui Marcó, fueron emitidas en Radio Provincia. Allí, se refirió al fallo que declara inconstitucional las ordenanzas anti-uber en Ushuaia.
En principio la magistrada expresó que ya hay ordenanzas declaradas inconstitucionales, “en Río Grande, como en otros municipios de la provincia de Buenos Aires. Lo que genera esta sentencia es que la ordenanza no vale, no se puede prohibir derechos constitucionales, una actividad que es un derecho de un ciudadano” y agrego “lo que señala el fallo es que hay que buscar la alternativa, y estudiar y ver que marco legal se le puede dar, para que haya libertad de competencia, libertad de elegir, y sobre todo el derecho del consumidor, porque el taxi y el remis, tienen distintas prestaciones, exigencias y servicios, ahora, prohibir el derecho al trabajo es no ver la fuerte protección que tiene el consumidor a nivel nacional e internacional”.
Asimismo, Maiztegui ejemplificó: “le voy a dar un ejemplo muy sencillo, supongamos que acá nos estemos manejando con carruajes y aparece el automóvil entonces el legislador prohíbe el automóvil porque le resta competencia y cierra el negocio, y pierde plata, ¿a usted le parece lógico?”, se preguntó.
En el mismo sentido, la jueza Correccional indicó que “cuando les mando una copia de la sentencia a cada concejal y a la viceintendenta, y al intendente, se los mando porque es una decisión técnica, y trabajo sin partidismo”.
Explicó también que “hay variables legales para encuadrar esto, o no encuadrarlo, o una contraprestación o algún canon, lo que yo hago, y decido como juez es, no se puede prohibir el derecho al trabajo, a una actividad licita, con objeto lícito, y sobre todo que el ciudadano, y el turista mismo, pueda elegir”, enfatizó.
“La motivación del proyecto, no habla nada de esto, solo mira al Municipio, entonces, se prohíbe, porque no se puede controlar, no esto, no lo otro, en todo caso hay que pensar como lo integrás”, dijo.
“Estamos insertados en el mundo de la digitalización, el avance tecnológico, porque se va a prohibir, es otra modalidad de consumo, y si hay diferencias de precio, para eso está la competencia, que también tiene rango constitucional”, expresó la jueza.
“La multa no existe”
Acerca de las multas, Maiztegui fue clara: “lo que decidí es dejar sin efecto la sentencia de la juez de falta, porque es inconstitucional la norma sobre la que ella sanciona, y tengo 25 expedientes más para resolver, o sea que es mínimo una pyme esta reclamando la decisión judicial”.
“Con esta sentencia, no tiene que aparecer la multa, las deje sin efecto, soy órgano de aplicación de la jueza de falta, entonces dejo la sentencia, porque la normativa es inconstitucional, no rige para el mundo jurídico. Desaparecida la ordenanza para el caso concreto, la multa no existe”, fue tajante.
“Sera responsabilidad del Concejo Deliberante, del intendente sentarse a hablar, coordinar, analizar, armonizar, estudiar, ver que pasa en el resto del país, y pensar en una mejor calidad de vida para nuestra comunidad”, aseguró.
“Yo decidiré si abro o no la instancia” de apelación
El Secretario del Municipio de Ushuaia, Dr. César Molina anticipó en declaraciones radiales que apelarán esta decisión, sin embargo, la jueza Maiztegui al ser consultada en este punto, dijo: “en realidad, el Municipio no ha sido parte, todo ciudadano tiene derecho a peticionar en mi juzgado, soy la jueza que resuelve toda las apelaciones municipales, acá un planteo de inconstitucionalidad, si no están de acuerdo, evaluaran ellos si están legitimados para recurrir el fallo y yo decidiré si abro o no la instancia, entonces, fíjese que en lugar de ponerse a reflexionar, recurro, pero son decisiones y si creen que debe seguir existiendo la prohibición, ya son decisiones políticas”.
Por último, la Dra. Felicitas Maiztegui Marcó sostuvo que la inconstitucionalidad de “las ordenanzas van en contra de la Carta Orgánica, no sólo articulo de la constitución nacional, sino provincial y artículos específicos, es importante dimensionar esto, no se pueden prohibir derechos, hay que ser cuidadoso en esto, quiero que se entienda el análisis, son 50-60 personas que están pidiendo el derecho al trabajo, y aunque sólo fuera una persona, merece una respuesta de la justicia”, dijo para culminar.
