Hace 72 hs publicamos la nota sobre el escandaloso aumento que se otorgaron los vocales del Superior Tribunal de Justicia y cuando se le consultó a uno de ellos, el Contador Público Nacional Miguel Longitano, que tenía para decir, leyó el mensaje pero nunca respondió.
Hoy tuvimos acceso a otra información respecto de lo que ocurre dentro del organismo y así pudimos saber que este mismo integrante se otorgó una suma millonaria por vacaciones no gozadas que abarcan los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
Además de tener acceso a lo que hoy percibe un vocal del TCP, unos 541.000 pesos mensuales, mientras que el gobernador percibe 449.763 pesos. Sobre esto tampoco hubo respuesta de parte del vocal antes mencionado, por si o por no y todos saben, más aun los integrantes del TCP, que nadie puede cobrar más que el gobernador y que si hay un aumento durante su gestión debe ser para la totalidad de los empleados públicos.
Consultadas fuentes del gobierno provincial nos informaron que “No tenemos acceso a la liquidación de sueldos del Tribunal de Cuentas, ellos mismos se liquidan sus haberes”.
A lo que agregaron que «no nos extrañaría que lo registren en la liquidación de sueldos, En todo caso podría haber salido de otro lado”.
“Gobierno solo remite los fondos que el tribunal solicita para afrontar sus gastos sin dar explicaciones sobre cuál es su destino o para que los necesitan”.
En este punto es dable aclarar que el gobierno de la provincia solo puede pedir explicaciones sobre gastos de fondos públicos a los organismos descentralizados, no a los poderes u órganos de control”
Es curiosa esta situación porque «la ejecución presupuestaria del TCP deberían remitirla en el marco del cumplimiento del regimen de responsabilidad fiscal. Pero hay información con más detalles que el organismo no publica ni comparte de manera pública».
De confirmarse la información anterior y la que hoy publicamos 3 personas percibirían 1.800.000 pesos en concepto de sueldos y uno de ellos un par de millones más en concepto de vacaciones no tomadas. Esa suma rondaría los 2 millones de pesos.
La Constitución Provincial es clara respecto al acceso a la información pública:
Artículo 46°.- El ejercicio de los derechos a la información y a la libertad de expresión no están sujetos a censura previa, sino sólo a responsabilidades ulteriores expresamente establecidas por ley y destinadas exclusivamente a garantizar el respeto a los derechos, la reputación de las personas, la moral, la protección de la seguridad, y el orden públicos. Los medios de comunicación social deben asegurar los principios de pluralismo y de respeto a las culturas, las creencias y las corrientes de pensamiento y de opinión.
Se prohíbe el monopolio y oligopolio público o privado y cualquier otra forma similar, sobre los medios de comunicación en el ámbito provincial. La ley garantiza el libre acceso a las fuentes públicas de información y el secreto profesional periodístico. La Legislatura no dictará leyes que restrinjan la libertad de prensa. Cuando se acuse a una publicación en que se censure en términos decorosos la conducta de un individuo como magistrado o personalidad pública, imputándosele faltas o delitos cuya averiguación y castigo interese a la sociedad, debe admitirse prueba sobre los hechos denunciados. La información y la comunicación constituyen un bien social.
Tampoco sabemos que hayan cumplido con el Artículo 166 inciso 4 de la Constitución Provincial que señala: Informar a la Legislatura sobre las cuentas de inversión del presupuesto anterior, dentro del cuarto mes de las sesiones ordinarias. Cabe señalar que estamos en el quinto mes del año y aún no sabemos nada, más allá que las sesiones comenzaron atrasadas por la pandemia.
Las consultas que leyó pero nunca respondió Longitano.
Comprobante de haberes de un vocal y del gobernador de la provincia.
