Durante los años de dictadura militar, los militantes de los derechos humanos eran usualmente criticados desde algunos sectores políticos por ser «idiotas útiles» de las organizaciones armadas, que utilizaban a los derechos humanos como pantalla para ocultar su vocación de asalto al poder por la vía violenta, sin respeto por la Constitución Nacional y la democracia.
Era difícil escuchar esas críticas. Desde el aparato del Estado se secuestraba, torturaba, se hacía desaparecer hombres y mujeres sin ningún respeto por la ley y con absoluta impunidad. Son innumerables los testimonios -figuran en el Nunca Más– de personas que padecieron el sadismo y el tratamiento perverso de parte de quienes aseguraban que venían a poner orden en la vida nacional y, en su lugar, impusieron el terror y las condiciones inhumanas entre los detenidos y sus familiares y amigos.
Desde la llegada de Raúl Alfonsín a la presidencia hasta la actualidad, la Nación recorrió un largo camino para volver a imponer la legalidad y el respeto por el que piensa distinto como piso elemental de la convivencia. Con sus marchas y contramarchas, la democracia hizo de los derechos humanos una política de Estado que prácticamente no tiene detractores, y que sólo enfrentó fuertes discrepancias en el tratamiento procesal y carcelario a los represores, a quienes no siempre se les garantizó el principio de igualdad ante la ley. Salvo ese punto que, por cierto no es menor, y que hizo en muchos de los juicios de lesa humanidad un tratamiento «más de venganza que de justicia» (como solía decir el fiscal Julio César Strassera), Argentina parecía haber alcanzado un alto grado de consenso en la materia.
Evidentemente, se trató de un espejismo. El inesperado triunfo de Mauricio Macri, candidato de una coalición que carece de cuadros políticos con pasado guerrillero, parte de un colectivo que jamás reivindicó la lucha armada ni siquiera entonando loas a «la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara», está mostrando que la mayoría de los organismos de derechos humanos locales están más cerca de la reivindicación a las organizaciones armadas de lo que parecía.
Textualmente, uno de los párrafos del documento leído el viernes en el masivo acto para recordar el 24 de marzo, dice así:
«En esta Plaza, recordamos las luchas en los ingenios azucareros, las Ligas Agrarias, el Cordobazo, el Rosariazo y las comisiones internas en las fábricas, el movimiento sindical, estudiantil y popular, la militancia en las organizaciones del Peronismo Revolucionario: UES, Montoneros, FAP, Sacerdotes por el Tercer Mundo y FAL; la tradición guevarista del PRT,Ejército Revolucionario del Pueblo; y las tradiciones socialistas y comunistas, Partido Comunista, Vanguardia Comunista, PCR y PST; y tantos espacios en los que miles de compañeros y compañeros lucharon por una Patria justa, libre y solidaria.«
Se podrá argumentar que los miles y miles que se movilizaron este 24 de marzo ni escucharon el documento y, aunque lo hubieran hecho, no necesariamente lo respaldan en todos sus términos. Pero se trata de la primera vez que en forma explícita se menciona -y con orgullo- a cada uno de los grupos armados, según lo reconoció uno de los redactores del documento, aunque no específicamente el encargado de ese tramo. «Cuatro organizaciones teníamos la responsabilidad de escribirlo y no todos pensamos lo mismo, pero nadie intervino en lo que escribió el otro, cada uno introdujo lo que quería y después se unieron las partes», explicó.
En el diálogo con Infobae se quejó porque solo se lo consultara sobre ese punto. Es verdad que no es lo único de lo que habla el documento. También se queja de que los funcionarios del Gobierno se reúnen con asociaciones que reivindican el terrorismo de Estado y ejercen el negacionismo, como el caso del ex ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, y el actual titular de la Aduana, José Gómez Centurión.
Se trata de un reclamo curioso porque, de hecho, el Gobierno no avaló públicamente los dichos de ninguno. Aunque sí es probable que esté de acuerdo con ambos, ni se le ocurre decirlo. Más bien parece que a los organismos les molesta un asunto de énfasis, que Macri no haga de los derechos humanos el centro de su política, ni a favor ni en contra del gobierno anterior. Sigue bastante lo que ya se hizo, invirtiendo un presupuesto similar, y apenas trata de equilibrar un poco las cargas para no ser criticado por violar los derechos humanos de los encarcelados o procesados. No mucho más.
