“Como funcionarios públicos tenemos el deber y obligación de denunciar posibles hechos delictivos y ahora la Fiscalía deberá analizar y elevar las actuaciones, si cree pertinente, al Juzgado de Instrucción Penal” señaló el Secretario.
Calisaya afirmó que “nos llama la atención las mismas acciones irregulares denunciadas y llevadas a cabo por las diferentes empresas, y siendo nombrados reiteradamente los mismos representantes y/o personal administrativo, trasladando la cartera de clientes del grupo Zerox a TDF Group”.
Confirmó que “mediante el cuerpo de inspectores pudimos constatar el desmantelamiento de los locales comerciales, encontrándose sin mobiliarios, sin documentación ni atención al público, dejando sin información a los clientes sobre dónde pagar las cuotas o a quién hacer el reclamo de la entrega de vehículos, propiedades, o el efectivo pactado”.
Asimismo, el funcionario alertó sobre la cantidad de consumidores damnificados y el monto económico que resultaría de las conductas que podrían tipificarse como delictivas.
Por último, Calisaya aclaró que “es la Justicia quien debe determinar si se incurrió en algún delito o no” Y que desde la Secretaría de Comercio “solicitamos se investigue las responsabilidad penales de los integrantes, representantes o personas físicas vinculadas a la empresa”.
