La irrupción de la tecnología, que aceleró la vida y las decisiones en todas las actividades, incluidas las del poder político, sacude también a la Justicia. Esta, siempre más pausada en sus decisiones, se ve ahora ante la necesidad de actuar y responder más rápido.
Aun cuando se avanzó en esa dirección, la sensación general es que “la Justicia es lenta”. El reciente escándalo en torno de la causa de la joven tucumana Marita Verón parece darle la razón: la polémica resolución –la absolución de 13 acusados– llegó 10 años y ocho meses después de producido el hecho.
Los jueces necesitan de códigos y procedimientos mucho más veloces para resolver, en orden a las urgencias que les plantean una realidad desafiante y una sociedad ávida de encontrar en esos tribunales un principio de equilibrio.
Este es un punto central para evitar que los juzgados se conviertan en ámbitos donde los expedientes duerman un largo sueño.
El pecado más grave de la burocracia es la corrupción, que se facilita con procedimientos y normas que obedecen a los tiempos de actuación del siglo pasado.
La idea de “democratizar la Justicia” que formuló la presidenta Cristina Fernández, como una forma de corregir la supuesta corrupción que entrevió en el caso de Marita Verón, esconde, sin embargo, otros objetivos no declarados.
El anuncio –que se concretaría con la incorporación de jueces populares a los tribunales– disfraza el intento del oficialismo de torcer la voluntad de magistrados y funcionarios que no aceptan “el dictado al oído” de las resoluciones judiciales por parte del oficialismo.
Poco han aportado la Presidenta y su círculo a la democratización de la Justicia desde los tiempos en que el kirchnerismo gobernaba en Santa Cruz. El desplazamiento del procurador de esa provincia, Eduardo Sosa, repuesto por la Corte Suprema de Justicia, pero que nunca pudo reasumir el cargo, y la manipulación de los magistrados fueron moneda corriente durante los mandatos de Néstor Kirchner (1991-2003).
El titular del Tribunal Superior de esa provincia era Carlos Zannini, quien ascendió de ministro a ese delicado cargo sin escalas.
Las idas y vueltas en torno de los casos de la valija de Antonini Wilson, Skanska y Ricardo Jaime no son buenos antecedentes.
Tampoco es un buen ejemplo la actuación de la Presidenta y del vicepresidente Amado Boudou en el caso de la ex-Ciccone Calcográfica.
La presión oficial terminó por apartar al juez y al fiscal de la causa y derivó en la renuncia del procurador General de la Nación.
La historia reciente no valida la propuesta de democratizar, que suena más bien a uniformar y concentrar. Mejor sería respetar la Constitución Nacional, que consagra la división de los tres poderes del Estado.
Fuente:lavoz.com.ar
