Para Chile, 2012 ha sido un año extraordinario. Mientras Argentina, como dijo la presidenta Cristina Fernández, tuvo que soportar que el mundo se le cayera encima con su pesada crisis, Chile florece y repite, por quinta vez en lo que va del siglo 21, una serie de resultados auspiciosos que dan cuenta de un “círculo virtuoso”.
Algunos de esos números: es considerado uno de los 20 países con menos corrupción del mundo; es uno de los estados latinoamericanos que más inversión extranjera recibe; la inflación no llegará a sumar el dos por ciento anual; el crecimiento de 2012 rondará el 5,5 por ciento, lo que le asegura un crecimiento cercano al cinco por ciento para 2013; entre 1990 –cuando comenzó el período democrático– y 2011, la pobreza se redujo del 45 al 15 por ciento de la población; y entre 1995 y 2010, se estima que la clase media aumentó en un 50 por ciento.
Hay quienes entienden que, de seguir por este camino, en lo que queda de la década Chile podría sortear lo que se conoce como “la trampa de los ingresos medios” y entrar en el distinguido lote de los países desarrollados.
Eso no implica que todos los problemas estén resueltos. Chile enfrenta una profunda desigualdad en la distribución de los ingresos y, en este momento, se buscan resolver de la mejor manera posible dos escenarios conflictivos relacionados con el crecimiento que señalan los números reseñados.
Por un lado, hay casi un centenar de problemas medioambientales, donde se observa la necesidad de frenar la contaminación sin atentar contra las fuentes de trabajo –sobre todo en las pequeñas localidades–, o de consensuar con distintos sectores las obras necesarias para que, en el mediano plazo, el país tenga acceso a la cuota extra de energía –limpia, propia y a buen precio– que necesita para no retroceder.
Por otro lado, están las demandas estudiantiles a favor de una educación de calidad garantizada por el Estado para todas las clases sociales. Es que hoy, siete de cada 10 estudiantes de nivel superior son los primeros en sus familias en acceder a esa instancia; y los jóvenes desean que el Estado los ayude a sostenerse en el sistema.
Chile ha logrado todo esto sin alterar las estadísticas oficiales, estableciendo políticas de Estado entre el progresismo de centroizquierda –que gobernó desde 1990 hasta 2010– y el progresismo de centroderecha –que gobierna ahora–, asegurando la plena independencia de los poderes constitucionales y garantizando la más completa estabilidad jurídica, lo que significa que nadie utiliza el poder para intentar cambiar las reglas de juego y beneficiarse con la reforma.
Tal vez ha llegado la hora de que los argentinos dejemos de mirar a los chilenos con cierto menosprecio y nos detengamos a evaluar las virtudes de su modelo.
Fuente:lavoz.com.ar
