El Ministro de Economía Christian Ruiz, aseveró también que “si ésta fuera una maniobra sistemática e ilegal como se expresa en la denuncia, resulta inexplicable que el Gobierno Nacional continúe enviando fondos a la provincia”, y no aplique el Decreto Nacional Nº 243/09 que en su art. 7º textualmente lo expresa:
Art. 7º — A los efectos de la presente medida se considerará incumplimiento, por parte de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
a) la falta de remisión en tiempo y forma de la información que se requiera conforme la reglamentación que a tal efecto se dicte;
b) la utilización de fondos para gastos corrientes y;
c) la distribución a los municipios de un monto menor al TREINTA POR CIENTO (30%), o en una proporción no semejante a lo que se les destina de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Para el caso de incumplimiento por parte de las provincias o de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, la UNIDAD EJECUTORA, instruirá al BANCO DE LA NACION ARGENTINA a suspender la transferencia de los fondos de aquella jurisdicción incumplidora.
Los fondos que no fueran transferidos permanecerán en la cuenta del FONDO FEDERAL SOLIDARIO, hasta tanto la jurisdicción incumplidora regularice su situación. Una vez notificada la citada Unidad de la regularización de la situación, en los plazos que establezca la reglamentación que a tal efecto se dicte, ésta instruirá al BANCO DE LA NACION ARGENTINA a depositar en la cuenta de la jurisdicción los fondos acumulados, así como, a reanudar la transferencia automática diaria.
“La Provincia viene cumpliendo con cada uno de los puntos que este Decreto establece, sin que se registre hasta el momento retención alguna por parte del Gobierno Nacional”, afirmó el Ministro.
Los recursos están determinados en el Presupuesto de la Provincia, “y es ahí donde debe evaluarse cuál es la afectación que tienen los correspondientes al Fondo Federal Solidario”, añadió Ruiz. De esa lectura “se desprende rápidamente que el 100% de los mismos tienen como contrapartida un crédito presupuestario destinado a obras, por lo que no se entiende cuál es el objeto de la denuncia”, remarcó.
Asimismo, el funcionario desmintió categóricamente que alguna de las obras incluidas en el Presupuesto vigente presenten demoras por falta de fondos, como se señala en la denuncia. “Es irresponsable o temerario sugerir a la comunidad que hay obras en condiciones de ser pagadas, y que no lo son por tener que pagarse salarios”, enfatizó el Ministro.
En tal sentido, recordó que “una forma de comprobar esto, es verificar si existen en la Tesorería expedientes de pago de obras con ese Fondo que estén esperando su liberación”, lo que puede ser verificado por cualquier ciudadano “en la página de consulta de expedientes del sitio oficial del Gobierno”, agregó.
Consultado sobre la supuesta utilización de los recursos provenientes del FoNaVi, el Ministro observó que “resulta extraño que alguien que pasó por el Ministerio de Economía confunda tan groseramente algunos conceptos de la Administración Provincial”, pero que “debemos suponer que no hay mala intención de parte del denunciante y es solo una confusión, como haber incluido al Instituto Provincial de la Vivienda entre los fondos que se administran desde el Poder Ejecutivo”.
Dichos fondos “son remitidos directamente desde la Nación al IPV, ingresando y egresando sin ningún tipo de intervención de la Tesorería General de la Provincia, y son utilizados con firmantes de cuentas ajenos al Ejecutivo”, aclaró finalmente.
