En la fundamentación, el Parlamentario dijo que se le pide a la Gobernación que por “lo inverso a la delegación –avocación- se proceda a declarar la nulidad” de esa resolución que se publicó “recientemente” y citó el Boletín Oficial Nº 2902.
“Es una consecuencia del decreto 512 del 2010, que es la creación del registro provincial de renegociaciones de áreas hidrocarburíferas” donde se invitaba a las empresas a renegociar “la prórroga del artículo 35 de Ley de Hidrocarburos” dijo.
Raimbault sostuvo que la repartición provincial “no solo extralimitó la competencia que le asignaron por delegación, sino que además creo un procedimiento y lo ha creado en una forma, manifiestamente, ilegal” cargó.
“Lo que ha establecido en el pedido, es que anule el secreto de las negociaciones con las empresas de hidrocarburos y, me parece, la cuestión asume una gravedad inusitada y que debería encontrar una discusión pública en la Legislatura” dijo.