Que la Policía de Tierra del Fuego caiga bajo sospecha de apremios y torturas debe llamarnos la atención a todos los que trabajamos día a día por una sociedad más justa y democrática y, por sobre todas las cosas, encender la alarma de los tres poderes del Estado para atender esta problemática de manera urgente. La sociedad entera tiene que verse comprometida en reclamar a las autoridades correspondientes el inmediato cese de estas prácticas vejatorias contra la dignidad humana.
Somos parte de una historia cruenta, 30 mil desaparecidos y muchos otros miles de torturados y exiliados dan muestra de lo que puede suceder cuando las fuerzas de seguridad no son gobernadas por el poder político y, por el contrario, son apañadas por complicidad o ineptitud de los Gobiernos de turno.
Saludamos que la administración Ríos haya actuado rápidamente separando de sus cargos a distintas autoridades policiales, pero queremos advertir sobre la imperiosa necesidad de que el Gobierno Provincial ponga todos los recursos que tiene a su disposición para garantizar la profunda y meticulosa investigación judicial que demanda tan despreciable suceso. Y, además, propicie un debate amplio y participativo acerca de la modalidad de los ingresos a la escuela de policía, sus contenidos pedagógicos, la aptitud de sus instructores, etc.
Hacemos un llamado a las autoridades provinciales, la dirigencia política, las organizaciones sociales y, en especial, al pueblo de Tierra del Fuego en su conjunto, para trabajar mancomunadamente en desterrar de una vez y para siempre prácticas que nunca debieron haber existido.
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