En ese sentido, el funcionario explicó que “independientemente del trabajo de control que realizan los sindicatos, que es muy bueno, en la industria fueguina no existe posibilidad de que haya empleo en negro”, detallando que “cada una de las empresas que trasladan sus productos al Continente con beneficios impositivos necesitan presentar el tiempo que tardan en producir cada uno de esos productos; y ese tiempo se multiplica por la cantidad de productos. Esos datos se relacionan con las horas trabajadas; ergo se verifica eso con la cantidad de empleados que se necesitan para fabricar esa determinada cantidad de productos”.
“De este modo, a la finalización de cada mes, las empresas presentan información de personal y producción en la que se verifica que la cantidad de tiempo multiplicado por la cantidad de productos sea igual a la cantidad de empleados por hora trabajada”, agregó.
El anuncio realizado el pasado jueves por el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray, estipula la elaboración de un Índice Mínimo de Trabajadores (IMT) que se basará en las presunciones sobre la cantidad mínima de horas de trabajo que debe pagar cada empresa. Asimismo, se aplicará un control fiscal de la producción de las empresas amparadas por algún régimen de promoción. Para ello, se aplicará un programa de Fiscalización Permanente (PFP), que incluye la presencia de un inspector de la AFIP durante todo el año en cada establecimiento fabril.
“Festejamos esta medida pero también es digno destacar lo que se realiza en Tierra del Fuego, sobre la que siempre se sospecha que las empresas hacen lo que les parece y esto no es así. Hoy a nivel nacional se adopta una medida que en un régimen promovido a 3.800 kilómetros se hace ya desde hace un par de años”, destacó.
Para Delamata es indispensable “combatir el flagelo del trabajo en negro” en todo el país, considerando “inadmisible que en pleno siglo XXI existan aún determinadas formas de esclavitud, una de las cuales es contratar trabajadores en negro que no pueden contar con una obra social ni aportes jubilatorios”, concluyó.
