El próximo inicio de clases disparó la discusión sobre el incremento salarial que recibirán los docentes, el primer convenio que se discute en el año y que servirá de caso testigo para el resto de las negociaciones laborales.
Sobre las espaldas de los asalariados pesa la depreciación del peso, que alcanza al 30 por ciento desde el 21 de noviembre último, cuando Axel Kicillof asumió la conducción económica de la Nación. La devaluación se trasladó a los precios de bienes y servicios, en especial de los alimentos, que tuvieron aumentos desmedidos en relación con los costos de insumos, producción y fletes.
La inflación del último trimestre superó el 10 por ciento, según las consultoras privadas. Este dato significó una pérdida del salario real.
Los docentes nacionales reclaman una mejora de más del 60 por ciento, con la intención de llevar la actual remuneración de 3.416 a 5.500 pesos, un piso que resulta difícil de afrontar para numerosas administraciones provinciales. De hecho, los ministros de Economía de 16 distritos advirtieron que sólo están en condiciones de pagar un incremento del 25 por ciento.
Aunque la negociación en Córdoba está más encaminada, tampoco quedará exenta de conflictos, ya que el gremio docente pretende que el aumento acumulado de 30,4 por ciento tenga vigencia mucho antes de lo que plantea la propuesta oficial. Esta prevé alcanzar un salario básico conformado para el maestro de grado de unos seis mil pesos desde octubre próximo.
Para completar este cuadro, la presidenta Cristina Fernández acaba de pedir una paritaria anual y moderación en los reclamos que formule la CGT oficialista, que encabeza Antonio Caló.
Sin dudas que la resolución de un precio clave de la economía, como son los salarios de los sectores público y privado, enfrenta una coyuntura difícil a partir del justo reclamo de los trabajadores, pero en un contexto de caída de la demanda laboral, insuficiencia de recursos por parte del Estado en sus distintos niveles y suba de precios por la devaluación oficial.
Lo indiscutible del reclamo gremial choca con factores negativos que también deben ser puestos en la balanza, para hallar un equilibrio entre lo que se peticiona y lo que se puede dar en función de la coyuntura económica.
Claro que el Estado nacional no debe olvidar su responsabilidad, ya que mantiene un fuerte déficit para sostener un gasto ineficiente e innecesario en numerosos rubros, por caso en Fútbol para Todos, una transmisión estatal que demandará este año 1.700 millones de pesos.
La emisión de enero para financiar el déficit fiscal alcanzó a 8.515 millones de pesos, lo que alienta el consumo y obliga a una suba de tasas, que impacta en la actividad. Por ello, la Presidenta debe recordar que en su pedido también está incluida su responsabilidad en la difícil coyuntura actual.
Fuente:lavoz.com.ar
