Como reconocimiento explícito de haber defraudado a la Administración Pública provincial durante 17 años, la ex diputada nacional María Adela Calchaquí firmó un acuerdo con el Ejecutivo fueguino por el cual se compromete a pagarle al Estado unos 68 mil pesos a modo de restitución del monto que en concepto de adicional por título secundario percibió de manera irregular desde marzo de 1990 a diciembre de 2007.
Según consta en el Boletín Oficial 3263, el pasado 3 de enero la gobernadora Fabiana Ríos ratificó mediante decreto 21/14 el acta acuerdo que en septiembre del año pasado suscribió Calchaquí con el Secretario General de Gobierno, Darío Fraías, en la que reconoció “adeudar a la Provincia 22.821 pesos en concepto de capital, con más el importe de 45.139 pesos en concepto de intereses” por el cobro indebido de título secundario y a cancelar esa deuda en un pago.
El 15 de abril de 2011 la habían denunciando ante el Poder Ejecutivo, Legislatura, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado que la empleada categoría 23 de la Administración Pública Provincial venía percibiendo desde 1990 el adicional por título secundario cuando en realidad nunca había finalizado esa instancia educativa, para lo cual habría fraguado documentación.
Tras conocerse esa denuncia, Calchaquí –que desde 2007 ocupaba una banca en la Cámara de Diputados en representación del Partido Unión Federalista con mandato hasta 2010– ensayó una defensa pública en la que manifestó que era “empleada pública desde 1990” y “que jamás presenté un título de educación o documentos falsos” y que sus “estudios están debidamente certificados”. Además calificaba de “falsa” y “canallesca” la denuncia en su contra, la que vinculaba “al hecho de haberse presentado como candidata a diputada para la reelección”, la que no consiguió.
En mayo de ese mismo año el Poder Ejecutivo dispuso iniciar una investigación sumaria para determinar si María Adela Calchaquí había fraguado un título secundario de la escuela “Jerónimo Luís de Cabrera” y que permitió certificar que Calchaquí en 1981 había cursado en ese establecimiento educativo de la provincia de Córdoba “en forma incompleta 1º año turno mañana, adeudando matemática, y que pasó al turno noche donde cursó 2º año en 1982 y lo repite en 1983, quedando libre por inasistencia”. Estas probanzas derivaron en denuncia penal por presunta defraudación y en un duro dictamen de la Fiscalía de Estado, que en julio de 2011 solicitaba que Calchaquí fuera exonerada de la Administración Pública por entender que “la denunciada actuó con la conciente intención de confundir a la administración, para continuar con el fraude por ella promovido (…) con el objeto de percibir mayores haberes…”.
En julio de 2012, la Gobernadora autorizó la adscripción por un año de Calchaquí a la Cámara de Diputados de la Nación.
Antes de que venciera esa adscripción y tras una investigación que demandó cerca de 14 meses, en mayo del año pasado, la justicia provincial procesó a Calchaquí por presunta defraudación contra la administración pública mediante utilización de un documento falso.
4 meses después de ese procesamiento, precisamente el 20 de septiembre de 2013, Calchaquí reconoció la maniobra orquestada en perjuicio del Estado y aceptó restituir los montos indebidamente percibidos durante 204 meses.
Fuente:DDFM
